El difícil regreso a casa de los deportados sin ficha delictiva, un “infierno” marcado por los viejos estigmas sociales

Sobrevivir a las penurias y sinsabores que implica atravesar rutas infernales para llegar al norte a cumplir el ¿sueño? americano, es de por sí una tarea aterradora.

Pero llegar a casa luego de un proceso de deportación para nada agradable, es simplemente, descender de manera dramática de los brazos de Morfeo, para dar paso a una hilera de dificultades que devienen en verdadera pesadilla.

Por tanto, llegar a “casa’’ para los deportados dominicanos es toda una odisea. Hay que recorrer un camino largo y tortuoso. El prolongado procedimiento de registro, que puede tomar largas horas, marca el tono de lo que les espera en su país natal.

Además, y es quizás lo más difícil a enfrentar, habrá que lidiar con la percepción negativa de que la mayoría de los expulsados han incurrido en prácticas delincuenciales. Sin embargo, a pesar de la exacerbación, en muchos casos, que arroja la representación estigmatizada en sentido general, existen estadísticas que desdicen tales aprehensiones.

La migración de ciudadanos de República Dominicana hacia Estados Unidos viene de lejos. En la década de1960 fue cuando se originó tal desplazamiento a gran escala. Para la época, además de causas estructurales, influyó, primero, la apertura de fronteras entre ambos países en términos de visado, luego de la segunda intervención norteamericana, la Revolución de Abril de 1965, y el ambiente de apertura migratoria luego de la caída de Trujillo, en contraste con las restricciones del momento.

Conforme a ese flujo y asentamiento continuo, no solo de dominicanos, sino de otros países de la región en territorio estadounidense, comienzan a endurecer las leyes migratorias, y las consabidas deportaciones. Nunca han cesado.

En la actualidad, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca con la promesa de transformar la política migratoria, ha devenido en verdadero desasosiego. El recién posesionado presidente se sentó frente a su escritorio para dar apertura a un nuevo capítulo del país bajo su liderazgo, y dentro de todas las enmiendas propuestas, indiscutiblemente que la inmigración irregular ganó protagonismo. Decenas de órdenes fueron firmadas para acabar con el flujo migratorio hacia territorio estadounidense.

Al margen de las iniciativas de organizaciones protectoras de derechos humanos y su voz de alerta sobre tales decisiones, lo cierto es que estas afectarán a millones de migrantes durante el cuatrienio que Trump permanecerá en la Casa Blanca. La dominicana no será la excepción. En paralelo, los viejos estigmas de los devueltos a casa han cobrado protagonismo.

¿Qué dicen las estadísticas?

Hace apenas dos semanas, la Unidad de Reinserción de Repatriados del Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), presentó un informe que revela que 20,115 personas fueron deportadas a República Dominicana en los últimos 10 años.

De las asistidas por esa unidad dirigida por Danissa Cruz Taveras, 8,742 (43%) fue por violación a las leyes migratorias, 6, 486 (32%), fueron por delitos relacionados con drogas; y apenas mil 695 (8%), por asalto.

Sin embargo, informes de la unidad revelan que, la tasa de deportados por delitos criminales no es medida, debido a que el número de reincidencia es prácticamente irrelevante en comparación con la cantidad de repatriados que recibe el país.

Según el abogado Félix Portes, basado en las estadísticas de la unidad de Reinserción de la Procuraduría, en los últimos años, el 80% de los tipos penales de los que regresan al país, es por violación a la ley migratoria.

“El año pasado, el 72% de dominicanos repatriados fue por violación a la ley migratoria. El resto por tipos penales no violentos y porcentaje mínimo violentos’’.

No obstante, el abogado Portes considera necesario que el Gobierno implemente políticas públicas para ayudar, asistir y orientar más a la reinserción, como educación, subsidios y seguimiento temporal hasta que exista seguridad de una reincorporación adecuada, eficiente y productiva.

Entiende que a pesar de la existencia de la unidad que dirige la magistrada Cruz Taveras, “lamentablemente no es suficiente, pues no tiene oficinas en las demás provincias. Entiendo que por lo menos debe haber una por cada departamento judicial’’.

El último informe del Instituto Nacional de Migración de República Dominicana (INMRD), presentado en 2018, sobre personas retornadas en condiciones de vulnerabilidad, (los dominicanos representan la quinta población de migrantes de mayor volumen), desde 1993 a 2016, se estimó en casi 67 mil personas deportadas.

De entonces a la fecha, las cifras han aumentado considerablemente con las modificaciones hechas a las leyes migratorias y otras políticas de control de esa nación.

El estudio, el más completo a la fecha sobre el fenómeno, se apoyó en fuentes oficiales de Estados Unidos, la Dirección General de Migración de República Dominicana y los registros administrativos de las embajadas de ambos países.

A pesar de que el informe del INMRD muestra debilidades en las estadísticas, en tanto no se recopilan datos sociodemográficos que limita el diseño de programas para la reinserción de la población deportada, dentro del período analizado, (2001-2009), se observa un incremento de deportaciones por casos no criminales.

Ese aumento se ha mantenido desde 2016 hasta la fecha. Las proyecciones son de que se prolongue debido al recrudecimiento de las medidas de control migratorio, matizadas por las últimas medidas anunciadas por el presidente Donald Trump.

Vale decir que, según cifras de la Dirección General de Migración (DGM), en cuanto a las personas deportadas por sexo, existe un predominio de los hombres, con un total del 95.1%, mientras que las mujeres solo representan el 4.9%, es decir, existe una masculinización de las deportaciones.

Según los registros de la DGM, las deportaciones por casos criminales fueron separadas por el delito cometido, por tanto, la distribución o venta de drogas fue el principal, con un 53% de deportaciones. Sin embargo, a partir de 2016, las expulsiones por ese delito disminuyeron debido al aumento de otras causas.

Hasta 2016, “las deportaciones por casos criminales abarcaron por delitos de robo, asalto y tenencia ilegal de armas 6.8%, 5.9% y 2.5%, respectivamente. En menor medida, pero no menos importantes, los dominicanos deportados por delitos de homicidio 2.3%, ofensa y abuso sexual 2.7% y fraude con 2.3%”.

“En lo que respecta a los casos no criminales, en el año 2016, las deportaciones de inmigrantes con estatus migratorio irregular representaron el mayor grupo con un 25.3%, seguida de los que decidieron el retorno voluntario”. Es decir, que las estadísticas establecen claramente que los casos por delitos criminales no son los protagonistas al momento de las deportaciones.

Los viejos estigmas de los devueltos a casa

En la sociedad dominicana, “deportado” significa “traficante de drogas”, independientemente de la razón por la que esa persona haya sido devuelta”. Esta asociación semántica se fundamenta en parte, en la realidad de que muchos deportados dominicanos son retornados por crímenes relacionados con drogas. Por lo general, los deportados se sienten y son vistos como “fracasados”.

Sin embargo, percepción o concepto, para muchas sociedades la palabra “deportado” refiere a la persona expulsada de Estados Unidos por haber cometido un crimen. Ahora, erigir “el rostro humano de la realidad social de los deportados’’, tal y como lo establece un estudio de las investigadoras Marianella Belliard y Bridget Wooding, puede cambiar esa mirada.

¿A quién importa cómo se llega a la tierra soñada?

Para la mayoría de los dominicanos, la migración no es algo fácil de materializar. Sin embargo, tal y como lo establece el referido estudio, las limitadas oportunidades en el país de origen para conseguir un trabajo decente, buena educación, acceso a derechos fundamentales como la salud y servicios básicos, para muchos, solo es posible allende los mares.

Salir del país es la única forma de trascender social y económicamente. Por tanto, poco importa cómo se llegue a la tierra “prometida”. Tampoco los desafíos a enfrentar en la aventura. El objetivo es llegar al suelo americano, y una vez allá, disfrutar de las ¿oportunidades? ilimitadas que ofrece ese país a los inmigrantes para realizar su sueño. Por esa razón, el retorno forzado de los deportados por lo general se percibe como fracaso.

El proceso de deportación para muchos inmigrantes, desde el arresto hasta que son retornados a su país de origen, normalmente suele ser largo y tortuoso.

En el caso de los deportados dominicanos, la reinserción en la sociedad no es tarea fácil. A pesar de que la emigración constituye una forma de rito de iniciación para el ascenso social, cuando no se logra, las deportaciones, asociadas a acciones criminales (con o sin razón), se convierte en un escollo. El rechazo que reciben es múltiple. Como inmigrantes en busca de mejor vida, los deportados son vistos con decepción por haber fracasado en su misión, además de considerarlos una vergüenza frente al estigma de que cualquier delito menor representa un comportamiento criminal.

El difícil regreso a “casa”

Más que un gratificante retorno al lar nativo, para los dominicanos y dominicanas la deportación desde Estados Unidos se convierte en una tarea difícil, pues la reinserción en la sociedad se vuelve compleja. Ese escenario también fue objeto de análisis en el amplio estudio sobre las deportaciones realizado por el INMRD.

Cuando los deportados llegan, luego de agotar un proceso de traslado, traspaso y recibimiento por parte de las autoridades de ambos países, deben reinsertarse en la sociedad dominicana, donde predomina una percepción negativa de los mismos “que se traduce en una suposición generalizada de que todas las personas deportadas han cometido un crimen grave en el extranjero, y, por lo tanto, constituyen una amenaza para la seguridad”.

Ese baldón se mantiene a pesar de las escasas evidencias de que cometan crímenes una vez retornan al país. Si bien se requieren mayores datos estadísticos sobre la relación entre individuos involucrados en actividades criminales y personas deportadas, los datos existentes demuestran que la mayoría de los devueltos no reinciden en la vida criminal.

Según el primer censo de las prisiones dominicanas, el número de encarcelados con la condición de deportados es “significativamente bajo”.

El resultado del Censo Nacional Penitenciario presentado por la Procuraduría General de la República y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), establece que “solo el 4% de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios dominicanos habían sido deportados previo a su reclusión en el país”.

Es decir que, en general, el rechazo social hacia estas personas ocurre a pesar de que tienen derecho a no ser discriminados en sus países de origen por el simple hecho de haber sido deportados, “por tanto, todas las personas, incluidos los repatriados, tienen derecho al respeto a su dignidad, al debido proceso legal, a la igualdad de trato y a la protección de sus derechos humanos’’.

Por tanto, la llegada a casa es solo el inicio de un largo trayecto para los dominicanos deportados desde Estados Unidos, pues después del largo proceso que agota, ya con sus familias y en sus hogares o centro de acogida, el reto de reinserción en la sociedad que les rechaza solo por ser deportados, y les imputa la comisión de delitos independientemente de la causa de su expulsión, se convierte en el verdadero desafío.

Ante esa realidad, para los deportados, la principal barrera en su proceso de reintegración es el estigma social que enfrentan cada día, y que afecta sus derechos humanos.

¿Los seres humanos son ilegales?

Las migraciones son tan antiguas como la misma humanidad, y a lo largo de la historia siempre han sido garantía de sobrevivencia o mejoría de las condiciones de vida de las sociedades. Éxodo, diáspora, desplazamiento, migración, salida, peregrinaje, movilidad, al final son palabras diferentes, que describen una misma realidad: Abandono del lugar de origen en busca de mejores oportunidades para perdurar.

Los inmigrantes indocumentados son trabajadores que con esfuerzo diario aportan a la prosperidad del país al que se desplazan, sin embargo, en muchos casos son considerados como parias y tratados como delincuentes.

“Inmigrantes sin garantías”, “Estados Unidos endurece reglas del juego migratorio’’, “Cierran fábricas y apresan inmigrantes” “Difícil año para los inmigrantes latinos”, son solo algunos de los titulares de periódicos latinos que hablan de por sí de la dramática situación que están viviendo los

inmigrantes en Estados Unidos.

Una mezcla de temor, desinformación e incertidumbre es la que toca vivir a los cerca de ocho millones de migrantes indocumentados, que esperando encontrar el paraíso, abandonaron su país de origen y hoy afrontan el infierno de la persecución y la deportación, inmediatamente entraron en vigor las duras disposiciones de las nuevas autoridades.