Por: Andrés Navarro
Panorama Opinión._ El desacierto de fusionar los ministerios de Educación de la República Dominicana, tal como pretende el actual gobierno, agudizará la crisis del sistema educativo. En efecto, el pasado 11 de diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo sometió al Senado de la República un proyecto de ley orgánica para la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) con el Ministerio de Educación (MINERD).
Las razones que determinan el desacierto de esta iniciativa son las siguientes: mayor concentración de competencias en una sola institución; monopolización de las decisiones en la figura del ministro; retroceso en las ciencias y tecnologías; reducción del financiamiento a la educación; ampliación de la crisis estructural del sistema educativo; y ausencia de credibilidad técnica y legitimidad social.
Concentración de competencias
Se contempla la incorporación de las competencias del MESCYT al MINERD, con la pretensión de que este último regule y gestione las políticas educativas desde el nivel preescolar hasta el superior. A la vez, el MINERD mantendrá las funciones de gestión de los centros educativos preuniversitarios del sector público. Esta concentración de competencias hará más pesada, escabrosa y deficiente la burocracia educativa.
Monopolización de las decisiones
Se prevé la eliminación del Consejo Nacional de Educación y del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, instancias colegiadas y deliberativas sobre políticas educativas. En sustitución, se crea el Consejo Consultivo de Educación como un espacio colectivo no deliberativo, atribuyendo todas las decisiones al ministro o ministra. El monopolio de las decisiones normativas, operativas, administrativas y financieras en una sola persona hará altamente vulnerable al sistema educativo.
Retroceso en ciencias y tecnologías
No se contemplan las competencias de fomento a las ciencias y tecnologías, consustanciales al MESCYT, dejando para un proceso posterior el abordaje de estas. En definitiva, se subestiman las políticas públicas de desarrollo científico y tecnológico, tanto en la academia como en el sector productivo del país. Si bien es cierto que actualmente no son priorizadas, no es menos cierto que el proyecto de ley en cuestión representa un retroceso en ciencias y tecnologías.
Reducción del financiamiento a la educación
Tal como se evidencia en el artículo núm. 15 del proyecto de ley, la fusión del MESCYT con el MINERD no implicará un aumento en el presupuesto de la educación. Es decir, la inversión en la educación superior se cubrirá también con el 4 % del PIB, que hoy es exclusivo de la educación preuniversitaria. Los recursos destinados a la UASD y al resto de las universidades, incluyendo las becas nacionales e internacionales, saldrán del presupuesto de las estancias infantiles, de las escuelas y de los liceos. El efecto real de esta medida será la reducción del financiamiento a la educación.
Ampliación de la crisis estructural del sistema educativo
Actualmente, el sistema educativo exhibe una profunda crisis desde 2021, caracterizada por escándalos de corrupción y una deficiente gestión educativa. El origen de esa situación parte de la interrupción de la política educativa surgida del Pacto Nacional por la Reforma Educativa 2014-2030. En efecto, el cambio de gobierno en 2020 trajo consigo la negación de la política en ejecución y el intento de establecer una nueva, al margen del pacto social logrado en 2014. El resultado ha sido una crisis estructural del sistema educativo, la cual se ampliará al incorporar ahora la educación superior.
Ausencia de credibilidad técnica y legitimidad social
Las políticas educativas en la República Dominicana, incluyendo leyes y decretos, han sido el resultado de procesos de concertación entre el Estado y diversos sectores sociales. Sin embargo, este proyecto de ley de fusión ha sido una acción unilateral del Poder Ejecutivo. El mismo se muestra carente de estudios técnicos y de concertación con sectores vinculados tanto a la educación preuniversitaria como a la superior. En otras palabras, la iniciativa nace con ausencia de credibilidad técnica y de legitimidad social, dos condiciones esenciales para el éxito de la educación.
Hay tiempo para evitar el desacierto
Aún hay tiempo para evitar el desacierto de fusionar los ministerios de Educación. Las actuales circunstancias demandan la reforma de las leyes 66-97 de Educación y 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ambas legislaciones cuentan con 28 y 24 años de vigencia, respectivamente, lo que evidencia que ya no responden a los nuevos retos educativos. Por otra parte, urge la aprobación del proyecto de ley del Marco Nacional de Cualificaciones, que aún permanece en la Cámara de Diputados, a pesar de haber sido aprobado por el Senado en junio de 2020.
La apuesta debe ser el fortalecimiento de los sistemas de educación preuniversitaria y superior, junto con la articulación eficaz entre estos y los sectores productivos de la nación, a través del Marco Nacional de Cualificaciones. Estas iniciativas deben estar revestidas de rigor técnico, con el concurso de entidades especializadas, y de legitimidad social, con la participación de los diversos actores vinculados a la educación. El Consejo Económico y Social (CES), figura constitucional, sigue siendo el espacio idóneo para emprender este camino de fortalecimiento de la educación dominicana.
