El Constitucional facilita el matrimonio para personas con dificultad para hablar
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Nacional. – El Tribunal Constitucional (TC) informó este martes que estableció métodos alternativos de comunicación «adecuados» y «efectivos» que aseguran la expresión fiel de la voluntad de las personas con discapacidad del habla y otras condiciones que les impiden expresarse verbalmente, para garantizar que puedan manifestar su consentimiento para contraer matrimonio.
A través de la sentencia TC/0492/24, el Tribunal determinó que, en estos casos, la persona involucrada tiene la opción de expresarse a través del lenguaje de señas, la comunicación aumentativa y alternativa, táctil o escrita, además de utilizar cualquier dispositivo tecnológico y otros medios que sean considerados idóneos.
Con esta decisión, el TC consideró que la disposición del artículo 167 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil, que indica que el consentimiento para contraer matrimonio debe hacerse de manera verbal, no incluye los ajustes o acomodos razonables para casos especiales.
Dicha sentencia se produjo luego de conocer una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra el citado artículo 167, por Zurisadai Abreu Espinal, Félix Antonio Sierra Sepúlveda y Anli Esther Ortega Tineo por supuesta violación a la igualdad, a la familia y a la protección de las personas con discapacidad, derechos y principios que están consagrados en los artículos 39, 55 y 58 de la Constitución.
Al conocer esta acción directa de inconstitucionalidad, el TC emitió una decisión interpretativa, que reafirma la obligación que tiene el Estado de adoptar medidas inclusivas que eliminen las barreras que afectan a las personas con discapacidad y promueve la igualdad real y efectiva ante la ley, tal como lo establece el artículo 58 de la Constitución, dijo el TC.
«Este fallo constituye un avance significativo en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en el país, especialmente en lo relativo al ejercicio pleno de su autonomía y su derecho a decidir sobre su vida familiar. Asimismo, sienta un precedente importante para la adecuación de otras normas y prácticas institucionales en favor de una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad», agregó la alta corte.
