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EE.UU. denuncia abusos de derechos a haitianos en la República Dominicana

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Panorama Actual. El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, presentado ayer, señala una serie de violaciones en la República Dominicana, incluyendo detenciones arbitrarias y abusos contra migrantes haitianos y personas negras.

Además, de enfatizó en la falta de acciones del gobierno para combatir la impunidad en las fuerzas de seguridad.

El documento describe un panorama en el que se incluyen homicidios ilegítimos, tratos crueles y degradantes, condiciones penitenciarias severas y arrestos sin fundamento legal. También critica la interferencia en la privacidad de los individuos y la devolución de refugiados a entornos donde podrían sufrir torturas o persecuciones.

Según el “Informe por países 2023 sobre prácticas de derechos humanos”, la impunidad sigue siendo un problema significativo, especialmente dentro de la Policía Nacional y la Dirección General de Migración (DGM). Allí, aseguran, no se han tomado medidas creíbles para identificar y sancionar a los responsables de dichos abusos.

La corrupción gubernamental y la violencia de género también las destacaron como cuestiones graves. Esto junto con la discriminación y violencia contra personas de la comunidad LGBTIQ+ y de ascendencia haitiana. Además, algunas de las peores formas de trabajo infantil registradas en el país.

Ejecuciones extrajudiciales

El Departamento de Estado describe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó de 75 personas asesinadas entre enero y septiembre y si bien la Fiscalía General procesó algunos casos de abuso, representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no los denunciaron debido a la falta de fe del público en el Gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la policía.

“Según el Movimiento Social de los Trabajadores, en febrero miembros de la Policía Nacional mataron a Dieumil Charles, un residente legal documentado, después de intentar extorsionarlo durante una parada de tráfico. Según los informes, la policía lo transportó a una zona apartada, lo golpeó y le disparó, luego confiscó sus documentos, dinero, teléfono celular y motocicleta”, describe.

Detalla que hubo informes de muertes inexplicables bajo custodia que ocurrieron durante operaciones de detención y deportación de migrantes y que durante una operación de interdicción migratoria en el área de Cap Cana, la policía y agentes de migración supuestamente dispararon contra un grupo de trabajadores de la construcción, mataron a Jean Modes Fontas e hirieron a otras personas, incluidas personas que fueron enviadas para ser deportadas a pesar de sus heridas.

“En julio, medios de comunicación y grupos de la sociedad civil informaron que la DGM (Dirección General de Migración), la policía y unidades militares allanaron salas de maternidad de hospitales en todo el país y detuvieron arbitrariamente a mujeres embarazadas, en posparto y lactantes que no pudieron demostrar de inmediato su estatus de residencia”, relata.

Extorsión y robo a detenidos

Refiere que en las cárceles y centros de detención de inmigrantes, las condiciones sanitarias y de salud eran en general deficientes; Faltaba espacio y camas disponibles, y los baños eran inadecuados.

“Los informes de malos tratos y violencia eran comunes, particularmente en las prisiones del viejo modelo, al igual que los informes de acoso, extorsión y registros inapropiados de los visitantes de la prisión. Hubo informes de tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución y abuso sexual en las cárceles”, detalla.

Indica que durante las operaciones de detención y en los centros de detención, los funcionarios de migración no tenían acceso a una base de datos. Esto, para verificar la nacionalidad o el estatus de residencia de las personas detenidas, lo que a menudo resultaba en detenciones arbitrarias.

“Esto dio lugar a una corrupción generalizada, incluida la extorsión de los detenidos y el robo de sus pertenencias personales durante las detenciones iniciales y mientras estaban bajo custodia en los centros de detención”, puntualiza el informe.

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