Dictan prisión preventiva para hombre acusado de tráfico ilegal de armas en Barahona
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Justicia._ El juez Daniel Emilio Medina Pimentel, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona, impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de presunto tráfico y tenencia ilegal de armas de fuego, luego de que las autoridades ocuparan un arsenal durante un allanamiento en su residencia. La medida fue dictada contra Radhamés Montero Encarnación, de 55 años, tras acoger distintas evidencias presentadas por el Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación, el imputado fue arrestado el pasado 22 de abril durante un operativo realizado con orden judicial en una vivienda ubicada en la avenida Antonio Suberví, antigua carretera Batey Central. En el lugar, las autoridades ocuparon doce armas de fuego de diferentes tipos y calibres, incluyendo dos subametralladoras tipo Uzi.
Las autoridades informaron que junto a las armas fueron encontrados cargadores, cañones y varias piezas de armamento, así como ocho armas de fabricación casera. También se incautaron cápsulas para fusil M-4, municiones calibre 38 y 45, cartuchos calibre 12 y cápsulas para carabinas.
Durante el allanamiento, los agentes ocuparon además tres motocicletas, seis chasis de motocicletas —dos de ellos no legibles—, así como cinco taladros y tres pulidoras. El Ministerio Público investiga si estos objetos guardan relación con otras actividades ilícitas vinculadas al caso.
La investigación está a cargo del fiscal Freddy Ysmael García Melo, de la Fiscalía de Barahona, quien instrumenta el expediente por presunta violación a la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. En la audiencia participaron también los fiscales Freddy Natiaski Marmolejos y Juan Carlos Dotel, quienes sustentaron la solicitud de coerción con evidencias documentales y materiales.
El juez Daniel Emilio Medina Pimentel, ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva en la cárcel pública de esa provincia. El Ministerio Público calificó el caso como violación a varios artículos de la Ley de Armas relacionados con tenencia, porte y tráfico ilícito de armamento.
