Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Internacional. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, anunció la presentación de una ley de amnistía general que abarcaría el período de conflictividad política desde 1999 hasta la actualidad. El anuncio se realizó durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, pocas semanas después de asumir el poder tras la caída de Nicolás Maduro en el marco de una intervención militar de Estados Unidos. Según explicó, la iniciativa busca contribuir a la reconciliación nacional y a la reconstrucción de la convivencia política en el país.
La mandataria indicó que el proyecto será enviado con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo. Señaló que la amnistía apunta a “reparar las heridas” dejadas por años de confrontación y exhortó a los beneficiarios, en especial a presos políticos liberados o excarcelados, a no actuar desde el odio o la revancha. No obstante, la propuesta excluiría a personas procesadas o condenadas por delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones severas a los derechos humanos, aunque los criterios específicos aún no han sido publicados.
El anuncio se da en un contexto de liberaciones parciales iniciadas a comienzos de enero. Organizaciones de defensa de derechos humanos reportan que, si bien más de 300 presos políticos han sido liberados recientemente, aún permanecen cientos de personas detenidas por motivos políticos y miles continúan bajo medidas restrictivas consideradas arbitrarias. Diversas ONG han insistido durante años en la necesidad de una amnistía amplia que incluya a activistas, periodistas, militares y manifestantes perseguidos por razones políticas.
En el mismo acto, Rodríguez ordenó el cierre definitivo de la cárcel de El Helicoide, sede del servicio de inteligencia y señalada por organismos nacionales e internacionales como un centro de torturas. Anunció que el edificio será reconvertido en un espacio social y comunitario. Aunque la iniciativa fue recibida con cautela por organizaciones de derechos humanos, estas subrayan que cualquier amnistía debe implicar la restitución plena de derechos fundamentales y no ser entendida como un gesto de clemencia, sino como una obligación del Estado.
