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Contratos millonarios de Edesur desatan dudas sobre priorización de recursos públicos

Edesur
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Panorama Nacional. Los procesos de contratación realizados por Edesur Dominicana, que incluyen adjudicaciones por más de 115,000 dólares para servicios de consultoría, procesos de 94 millones de pesos para transporte de empleados, 311 millones para seguridad privada, y 10 millones de pesos para agua potable, han sido analizados en el programa Toda la Verdad, transmitido por VTV, Canal 32, todos los domingos a las 8:00 p.m.

Los cuestionamientos giran en torno a la equidad y eficiencia en el manejo de los fondos públicos, especialmente en un contexto de quejas constantes por apagones y deficiencias en el suministro eléctrico.

Edesur contrata firma de abogados

Contrataciones millonarias bajo la lupa

Uno de los procesos presentados fue la contratación directa del especialista Héctor Leonidas Guiliani Kury por un monto de 115,200 dólares estadounidenses (equivalente a más de 7 millones de pesos dominicanos) para liderar procesos de licitación de compra de energía y potencia. Según el acta de adjudicación del 27 de diciembre de 2024, el contrato fue justificado por la experiencia previa de Guiliani, quien en el pasado habría desempeñado funciones similares de manera honorífica.

Al ser consultado sobre este tema, el pastor Carlos Peña, presidente del partido Generación de Servidores y quien se ha dedicado a estudiar el sector eléctrico, expresó: «Si usted hace un ejercicio simple de buscar en Google, encontrará que en 2010 Héctor Guiliani también dirigió procesos de licitación donde se contrataron empresas por millones de dólares con el objetivo de reducir las pérdidas comerciales en las tres distribuidoras de electricidad. A pesar de la inversión, las pérdidas aumentaron. No podemos esperar soluciones de quienes han sido parte del problema en el sector eléctrico dominicano.»

El contrato también ha sido cuestionado porque se otorgó por excepción, sin permitir la participación de otros profesionales. Esto plantea dudas sobre la transparencia del proceso y la posibilidad de que existan expertos igualmente calificados en el país, que no hayan sido tomados en cuenta para hacer una contratación discrecional.

Contratos elevados en transporte y vigilancia

Otro caso señalado es el contrato de servicios de transporte para empleados de Edesur, con un monto destinado de 94,184,000 pesos por dos años. Según el pliego de condiciones, este servicio beneficiaría a no más de 620 empleados, lo que representa entre el 15 % y el 23 % de la nómina total de 2,634 trabajadores.

La falta de claridad en los criterios de selección de los beneficiarios ha generado inquietudes sobre la equidad del proceso y la eficiencia del gasto.

Por otra parte, el servicio de seguridad privada contratado por 311,489,527.68 pesos, equivalente a un gasto mensual de más de 25 millones de pesos, también ha generado controversia. Este monto duplica los 160 millones de pesos que la empresa destina mensualmente a su nómina, lo que evidencia una posible desproporción en la asignación de recursos. Además, se ha señalado que las fuerzas armadas brindan servicios de seguridad en las instalaciones de Edesur, cuestionando la necesidad de contratar seguridad privada adicional.

Asimismo, se ha planteado preocupación por un proceso para la contratación de 10 millones de pesos para el abastecimiento de agua potable en un período de 24 meses, que si bien todavía no ha sido adjudicado y faltan informaciones por transparentar, llama la atención la cantidad de dinero destinado para ese renglón.

Prioridades desalineadas

La gestión de Edesur ha sido duramente criticada por la aparente desconexión entre muchas de sus inversiones y la mejora del servicio eléctrico, de hecho, el Periodico Panorama ya había denunciado la contratación de 12 firmas de abogados externos por un monto total de RD$115,545,600 para los próximos dos años, mientras en su nómina tienen unos 30 abogados contratados.

Los constantes apagones y la deficiencia del suministro han generado un malestar generalizado entre los ciudadanos quienes consideran que los recursos deberían priorizarse en solucionar problemas urgentes y mejorar la eficiencia del servicio, en lugar de destinarse a contrataciones externas que podrían duplicar funciones que pudieran ser cubiertas por el personal interno que ya está en su nómina.

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