Panorama Actual. El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en sus siglas en inglés), acusó a dieciséis personas por una estafa desde República Dominicana contra decenas de estadounidenses de la tercera edad y que asciende a millones de dólares.
La estafa comenzaba con los ‘abridores’ que llamaban a los ancianos haciéndose pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos. Pedían ayuda económica para salir de un problema a raíz de un accidente automovilístico.
La estafa se hacian desde centros en República Dominicana que usaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían de un número telefónico estadounidense.
Una vez que los ‘abridores’ lograban convencer a las víctimas, otros supuestos estafadores que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como ‘cerradores’, posiblemente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de Policía o personal judicial, y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
Los ‘cerradores’ normalmente convencían a las víctimas de entregar el dinero en efectivo a ‘mensajeros’ que enviaban a las casas. Estos últimos a menudo usaban nombres falsos y entregaban a las víctimas recibos falsos.
Juan Rafael Parra Arias, de 41 años; Nefy Vladimir Parra Arias, de 39; Nelson Rafael González Acevedo, de 35; Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, de 59; Miguel Angel Fortuna Solano, de 41; Félix Samuel Reynoso Ventura, de 37; Carlos Javier Estévez, de 45; Louis Junior Rodríguez Serrano, de 27; Miguel Ángel Vásquez, de 24; Jovanni Antonio Rosario García, de 45, y José Ismael Dilone Rodríguez, de 34 años, conforman el grupo acusado de dirigir la operación desde República Dominicana.
Endy José Torres Morán, de 21 años; Ivan Alexander Inoa Suero, de 32. Además, Jhonny Cepeda, de 27; Ramón Hurtado, de 43, y Yuleisy Roque, de 21 años. Todos residentes en Nueva York y que actuaron como mensajeros, completan la lista de acusados.
Si a los acusados los declaran culpables enfrentarán una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo. Una multa máxima de 250.000 por cada cargo de fraude postal y electrónico. Además, una multa máxima de 500.000 por cada cargo de lavado de dinero.