Panorama Nacional.— La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana advirtió sobre los riesgos institucionales, económicos y de confianza inversionista que podría generar la paralización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto Romero, en la provincia San Juan.
La entidad señaló que la detención de este proceso técnico limita el análisis necesario para garantizar que la actividad minera se desarrolle bajo estándares ambientales rigurosos, lo que, a su juicio, debilita la institucionalidad en lugar de fortalecerla.
Llamado a criterios técnicos
CAMIPE enfatizó que las decisiones sobre proyectos de alto impacto deben basarse en evaluaciones técnicas, cumplimiento legal y respeto al debido proceso, advirtiendo que medidas como esta pueden afectar la seguridad jurídica y la percepción de estabilidad del país ante inversionistas.
Crecimiento del sector
El gremio recordó que el sector minero dominicano creció 7.7 % en el primer trimestre de 2026, consolidándose como un motor clave de inversión, empleo y encadenamientos productivos.
Urgencia de una nueva ley
Ante este escenario, la organización reiteró la necesidad de aprobar una nueva Ley de Minería que establezca reglas claras, garantice transparencia, fortalezca la fiscalización ambiental y promueva una participación social efectiva.
Indicó que el debate sobre la minería no debe plantearse como una confrontación entre desarrollo económico y protección ambiental, sino como una oportunidad para consolidar un modelo sostenible.
Apertura al diálogo
CAMIPE valoró la disposición al diálogo expresada por el presidente Luis Abinader y reiteró su disposición de aportar conocimientos técnicos en un proceso inclusivo que integre a comunidades, autoridades, expertos y sectores productivos.
“República Dominicana no debe escoger entre desarrollo y protección ambiental, sino avanzar hacia una minería responsable, evaluada técnicamente y socialmente dialogada”, concluyó la entidad.