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Bolivia aprueba ley de estado de excepción tras 37 días de protestas

AME3586. LA PAZ (BOLIVIA), 20/05/2026.- Integrantes de "plataformas ciudadanas" participan en una manifestación en contra de los bloqueos, este miércoles en La Paz (Bolivia). "Lo que estamos pidiendo es que dejen de cercarnos", dijo a EFE el presidente de la Resistencia Ciudadana Paceña, Rodolfo Rodríguez, quien también calificó como "delincuentes" los cortes de rutas que mantienen incomunicada a la región. EFE/Luis Gandarillas
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Panorama Internacional. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la madrugada de este domingo una ley que reglamenta el estado de excepción, una iniciativa que ya había sido sancionada por el Senado y que ahora fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La medida llega en medio de una ola de protestas que se extiende por 37 días y que tiene como principal demanda la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Enfrentamientos dejan heridos

La aprobación de la normativa se produjo horas después de que las fuerzas del orden intentaran despejar una carretera estratégica en el oriente del país. Sin embargo, los agentes tuvieron que replegarse ante la resistencia de los manifestantes.

Según fuentes policiales y médicas, seis agentes resultaron heridos de bala, mientras que otras 26 personas civiles sufrieron lesiones durante los enfrentamientos.

Crisis afecta el abastecimiento en La Paz

Las manifestaciones han impactado con mayor fuerza a la ciudad de La Paz, donde se reportan dificultades para el suministro de alimentos, combustibles y otros productos básicos.

Ante la situación, diversos sectores han solicitado al Gobierno la aplicación del estado de excepción y la participación de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden público.

¿Qué establece la nueva ley?

La legislación autoriza al presidente a declarar el estado de excepción en todo o parte del territorio nacional mediante decreto, con apoyo militar, cuando existan situaciones de conmoción interna que pongan en riesgo el orden constitucional o la seguridad del Estado.

No obstante, la medida deberá ser ratificada posteriormente por el Poder Legislativo.

La norma también contempla la posibilidad de suspender o limitar determinados derechos relacionados con la seguridad, el orden público y la libre circulación de las personas.

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