Auditoría revela serias irregularidades en la Superintendencia de Electricidad

La Contraloría General de la República llevó a cabo una auditoría en la Superintendencia de Electricidad (SIE), arrojando un total de 34 hallazgos alarmantes que ponen en evidencia una significativa falta de control interno en la institución durante el período que abarca desde el 17 de agosto de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Entre las debilidades más destacadas identificadas en este informe se encuentran la omisión en la elaboración de los estados financieros correspondientes a los períodos fiscales 2020 y 2021, así como la ausencia de incorporación de la Superintendencia de Electricidad al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).

Además, se destaca que los ingresos propios, que ascienden a la suma de 2,829,101,693 pesos, fueron depositados en cuentas operativas en lugar de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), como lo establece la Ley 567-05 en su artículo 2.

El informe de auditoría subraya los riesgos asociados con esta práctica, incluyendo la falta de conocimiento por parte del Gobierno de los recursos percibidos a través de las instituciones gubernamentales, la posible reducción de servicios a los ciudadanos y el uso inadecuado de los fondos presupuestados.

Frente a esta situación, los auditores de la Contraloría han recomendado a la Superintendencia de Electricidad transmitir, a través del Ministerio de Hacienda, la inclusión de los ingresos propios en la cuenta única, como lo exige la Ley 567-05 en su Artículo 11.

Otro de los hallazgos señala la detección de dos fondos de caja chica con saldos que exceden el límite permitido por la normativa de anticipo para caja chica, así como la realización de reposiciones de caja chica sin que se haya consumido el 60 % de los fondos asignados.

Adicionalmente, se ha detectado la falta de actualización de los activos fijos de la Superintendencia de Electricidad en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB), junto con diferencias notables entre las adiciones registradas en el auxiliar de activos fijos y las compras efectuadas, creando una discrepancia de un total de 58,892,838 pesos, en contravención con las Normas Básicas de Control Interno.

Finalmente, el informe revela desigualdades entre las adiciones registradas en el auxiliar de activos fijos y lo declarado en los formularios 606 ante la Dirección de Impuestos Internos (DGII) durante el período que abarca desde el 1 de agosto de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022.