Panorama Justicia. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión domiciliaria e impedimento de saluda del país como medida de coerción para los imputados en una supuesta red de militares y civiles investigados por estafar al Estado con más de 100 millones de pesos mediante sobornos para agenciarse servicios de seguridad en el Estado.
El magistrado Rigoberto Sena consideró que los imputados Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército, y los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez no representan peligro de fuga. Este grupo no colabó con el Ministerio Público y se les impuso impedimento de salida del país.
En cambio, a los encartados que admitieron su culpabilidad se les dictó prisión domiciliaria. Estos son: el coronel Andrés Pacheco Varela; Ramón Quezada Ortiz; Quilvio Rodríguez, propietario de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase); el teniente Wellington Peralta Santos y el gerente de seguridad de Edenorte, Bolívar Nicolás Fernández Espinal.