Aquí no mandan los delincuentes: Las Parras y la vieja lógica que amenaza la reforma
Panorama Opinión. La inauguración de Las Parras representa un paso relevante dentro de un sistema penitenciario que todavía exhibe serios desafíos en materia de derechos humanos: hacinamiento persistente, deficiencia en higiene y salud, prácticas institucionales que no siempre respetan la dignidad de las personas privadas de libertad y un modelo que necesita transformaciones profundas. Este nuevo recinto, que abre inicialmente en una primera fase, no resuelve la complejidad del sistema, pero sí abre la posibilidad de construir un enfoque más humano, más ordenado y más responsable.
Aun con este avance necesario, durante el acto inaugural resonó una frase que merece detenida reflexión: “…aquí no mandan los delincuentes… aquí manda el Estado…” No se trata de restarle valor a un espacio que puede aportar mejoras reales, sino de reconocer que esa expresión refleja una visión que, si no se revisa, puede contaminar la oportunidad de transformar la cultura penitenciaria y convertir un posible cambio en la repetición de viejas lógicas bajo estructuras nuevas. El lenguaje institucional no es un adorno: orienta conductas, moldea percepciones y construye, o destruye culturas completas dentro de los recintos.
Si aspiramos a una verdadera modernización, el discurso de autoridad debe alinearse con los estándares de un sistema que busca rehabilitar y no degradar. En lugar de mensajes que enfatizan dominación, el liderazgo penitenciario puede adoptar un lenguaje que subraye deberes, legalidad, garantías y responsabilidad estatal. Expresiones como “aquí el Estado garantiza derechos”, “aquí se custodia conforme a la ley” o “aquí el proceso está orientado a la reinserción” envían directrices claras al personal, fortalecen la autoridad legítima y evitan reproducir estigmas que históricamente han impulsado abusos y trato inhumano.
Sé que para la mayoría, declaraciones como estas pueden parecer normales, incluso celebrables. Pero quienes entienden de derechos humanos y conocen el sistema penitenciario y sus dinámicas internas, esta preocupación no es menor. Dado que la mayoría de las personas privadas de libertad eventualmente regresarán a la comunidad, debemos preguntarnos cuál es el objetivo real: ¿un sistema orientado al control y la degradación, que produce retornos más dañinos, o un modelo centrado en la rehabilitación, que favorece su reintegración? Un lenguaje que cosifica, degrada o infantiliza no solo contraviene los derechos humanos, sino que debilita la rehabilitación y, en consecuencia, la seguridad pública.
Mi comprensión de este sistema no proviene de una sola mirada. Lo he conocido desde dentro, lo he estudiado desde el derecho y lo he trabajado desde la gestión pública en proyectos vinculados a justicia, seguridad y reducción de violencia. Esa combinación de experiencias me enseñó que las transformaciones penitenciarias no se producen por la simple construcción de nuevas infraestructuras, sino por la consolidación de procesos que garanticen trato digno, procesos claros, formación continua y especializada del personal y programas efectivos de reeducación y reinserción.
La experiencia comparada lo confirma. Los sistemas penitenciarios que logran cambios sostenidos no dependen de edificios modernos, sino de acciones concretas: formación obligatoria y permanente para el personal; protocolos estrictos de uso proporcional de la fuerza; clasificación técnica de los internos según el estatus legal de sus procesos, el nivel de riesgo y necesidades de intervención; programación diaria que incluya educación, trabajo remunerado, asistencia psicológica, actividades culturales y deporte; y mecanismos de seguimiento individualizados para cada persona bajo custodia. La infraestructura puede facilitar estos procesos, pero no los sustituye. Es la gestión la que transforma, no las paredes.
A esta altura es importante recordar algo que a veces se olvida: no toda persona privada de libertad es un delincuente. Muchos están en prisión preventiva, otros sin condenas definitivas, otros tienen procesos en revisión, otros cumplen penas por hechos no violentos y otros, incluso, han sido víctimas de errores o excesos del mismo sistema. Llamar “delincuente” a quien no ha sido condenado viola la presunción de inocencia. Llamar “delincuente” a quien está en rehabilitación sabotea ese proceso desde la palabra misma. Y cuando esa etiqueta se emite desde posiciones de poder, legitima que los agentes penitenciarios de contacto cotidiano, quienes normalmente tienen el menor nivel de formación profesional, traten a los internos como personas sin derechos.
La prisión es la privación de libertad, no la privación de derechos ni de humanidad. Cuando desde la cima del sistema se normaliza un lenguaje que reduce a la persona a su delito o a una presunción de culpabilidad, se abre la puerta a justificar abusos. Se abre la puerta a que un agente entienda su función como castigar y no custodiar, someter y no proteger, disciplinar y no administrar un proceso de reinserción. En ese ambiente, ninguna infraestructura moderna basta.
La prisión cumple una función sancionadora legítima, pero su ejecución no puede ser degradante ni contraria a la reinserción. El Estado tiene el deber y el derecho de controlar el recinto. Pero ese control no debe expresarse como dominación, sino como responsabilidad. La autoridad penitenciaria se fortalece cuando garantiza derechos; se debilita cuando los viola. El mensaje correcto no es “aquí manda el Estado”, sino “aquí el Estado actúa conforme a la ley y orienta hacia la reinserción”.
La sociedad también tiene un rol crucial. Como ya mencionamos, no toda persona privada de libertad es un delincuente, y muchos incluso no son culpables del hecho por el que ingresaron. Aun así, persiste la idea de que quien entra en prisión pierde automáticamente su valor humano. Esta percepción genera rechazo social, limita oportunidades de reinserción y alimenta ciclos de violencia que terminan afectando a toda la comunidad. Un sistema penitenciario degradado no protege a nadie: ni a internos, ni a familias, ni a la sociedad.
Las Parras puede y debe convertirse en un punto de inflexión, pero eso exige compromisos claros. Se necesitan estándares mínimos de trato basados en las Reglas Mandela, supervisión externa con participación social, informes periódicos sobre condiciones internas, estadísticas transparentes sobre participación en programas y sobre reincidencia, y evaluaciones anuales de desempeño del personal. Estas medidas técnicas contribuyen a reducir la reincidencia, disminuyen la violencia interna, mejoran la gobernanza y hasta protegerían al Estado frente a litigios por violaciones de derechos humanos.
Es preciso no pasar por alto que una parte importante de ese avance también depende de cambios en los marcos normativos vinculados al sistema. Por ejemplo, algo que el país llevaba años necesitando es la separación entre la persecución penal y la administración penitenciaria. Aunque aún no ha entrado en vigencia, la nueva ley que crea el Ministerio de Justicia corrige esta distorsión histórica, que el mismo órgano acuse y a la vez custodie, y señala el camino hacia una gestión más coherente con los fines de reinserción.
La modernización está llegando, y no bastará con cortar una cinta y abrir un nuevo centro. Es obligatorio transformar la mentalidad de quienes tienen la responsabilidad de custodiar seres humanos en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas. Si esa transformación no ocurre, Las Parras corre el riesgo de convertirse en un cascarón moderno con una filosofía vieja. Y esa sería la peor derrota: construir con dinero nuevo, pero con ideas gastadas.
