Apresan a cinco mujeres por vínculos con red de registro ilegal de defunciones en Valverde
Karina Jiménez | | 2 mins de lectura 
Panorama Judicial. – En el marco de las investigaciones contra el procesado Máximo Mendoza, acusado de falsificación de documentos y registro fraudulento de defunciones, el Ministerio Público arrestó este viernes a cinco mujeres, entre ellas cuatro médicas y una alcaldesa pedánea del municipio Esperanza.
Las imputadas fueron identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, todas de profesión médica, así como Yluminada Altagracia Uceta, alcaldesa pedánea. Fueron apresadas con orden judicial en la sede de la Fiscalía de Valverde, tras obtenerse evidencias que las vinculan con los delitos de falsificación y aporte de datos falsos en registros de defunciones.
Las detenidas serán sometidas a la justicia en las próximas horas y adelantó que solicitará la declaración de caso complejo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde.
Actualmente, el principal imputado, Máximo Mendoza, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, luego de que la justicia acogiera la solicitud del Ministerio Público y declarara complejo su proceso. De acuerdo con la acusación, Mendoza falsificó documentos públicos para registrar defunciones en unidades médicas y oficialías de la Junta Central Electoral (JCE) entre diciembre de 2024 y junio de 2025.
Las investigaciones indican que Mendoza utilizaba este mecanismo para perjudicar a personas con deudas pendientes, declarando falsamente su muerte. Hasta el momento se han identificado seis víctimas, cinco de ellas registradas en Salud Pública y en la JCE, y una sexta en el Ministerio de Salud.
El órgano persecutor estableció que los registros fraudulentos eran llenados por médicos en pasantías y sin exequátur, entre ellos las cuatro arrestadas. Mendoza recurría a distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) en Mao y Esperanza, haciéndose pasar por familiar directo de las supuestas víctimas para obtener los certificados de defunción.
Las pesquisas también revelan que las víctimas eran personas en condiciones de vulnerabilidad económica, que accedían a préstamos personales de Mendoza, con montos que oscilaban entre RD$5,000 y RD$15,000. El imputado retenía las tarjetas de asistencia social con las que cobraba los beneficios estatales de RD$2,100 mensuales. Cuando no lograba recuperar el dinero, procedía a registrar fraudulentamente la defunción de los deudores.
En el caso participan los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la JCE, y Víctor Manuel Mejía, titular de la Fiscalía de Valverde, con el apoyo de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de la JCE.
El grupo es imputado por violación a los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.
