Aplazan audiencia de apelación para implicados en operación Camaleón
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Justicia. Los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazaron este miércoles para el próximo lunes 11 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia del recurso de apelación presentado por Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Vinicio Padovani Báez, acusados en la presunta estafa conocida como operación Camaleón.
El Ministerio Público solicitó el aplazamiento para estudiar a profundidad los recursos de apelación interpuestos por Beras y Padovani. Esto debido que no habían recibido la notificación formal de sus recursos.
La información la confirmó el abogado Luis Rivas, representante de Jochi Gómez, quien explicó que la medida busca dar al Ministerio Público la oportunidad de organizar sus argumentos de defensa.
Sobre el caso
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva en el centro penitenciario de Najayo contra Hugo Beras, Jochi Gómez y Pedro Vinicio Padovani Báez.
Los acusados están señalados por la firma de un contrato presuntamente irregular entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam.
En la misma audiencia, la jueza impuso arresto domiciliario y prohibición de salida del país a Samuel Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, mientras que Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien ejercía como coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras, deberá pagar una garantía económica de dos millones de pesos.
También recibieron medidas cautelares Juan Francisco Álvarez y Carlos Peguero, con garantía económica e impedimento de salida.
El expediente del Ministerio Público acusa a Beras de dirigir y aprobar una adjudicación de contrato a Transcore Latam. Esta empresa que, según la acusación, no cumplía con los requisitos técnicos necesarios para el proceso de licitación.
Esta supuesta irregularidad habría causado un desfalco al Estado de aproximadamente 1,317 millones de pesos.
