Panorama Nacional. El abogado José Rafael Ariza Morillo, representante legal del alcalde de Bayahibe, Enriquillo Luis Brito, y su hijo Enrique José Luis Brito, declaró este martes que sus defendidos niegan cualquier vínculo con la Operación Panthera 7, en la que se incautaron 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto de Caucedo.
A su salida de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo, donde se aplazó para el próximo jueves 16 de enero el conocimiento de medidas de coerción contra los imputados, Ariza Morillo afirmó que no ha identificado evidencias concretas que impliquen a sus clientes en el caso.
“Hasta ahora yo no las he visto. Yo leí la solicitud de medida de coerción, pero hasta ahora no veo la implicación de ellos. Vamos a ver más adelante que ellos (Ministerio Público) dicen con respecto a esas personas para pedir medida de coerción”, explicó el jurista.
Ariza Morillo también desmintió las informaciones que apuntan a una supuesta participación de sus defendidos en otros casos de decomiso de drogas. Además, destacó que tanto el alcalde como su hijo cuentan con arraigo suficiente, por lo que solicitó que se les imponga una medida diferente a la prisión preventiva.
“El pueblo de Bayahibe está apoyando y entiende que esa vinculación no tiene ningún sentido para ellos, ni para nadie. Pero falta por ver lo que el juez decida”, puntualizó el abogado.
Según el Ministerio Público, el cargamento de 9,587 paquetes de cocaína, equivalente a 9,889 kilogramos, llegó al país desde Colombia por vía marítima a través de Bayahíbe, La Romana y Pedernales. La red criminal utilizó las empresas Grasswey Group SRL y GWG Transport como fachada para transportar la droga.
El cargamento lo introdujeron al Puerto Multimodal Caucedo con la complicidad de empleados de la terminal, quienes facilitaron la entrada del contenedor número FFAU4542281 con cuatro hombres armados como custodia. La cocaína iba la transferirían a otro contenedor con destino a Bélgica, pero la interceptaron gracias a un operativo conjunto de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, apoyado por inteligencia previa y alertas del puerto.
Las autoridades revelaron que los narcotraficantes emplearon tácticas sofisticadas, como la manipulación de registros portuarios y el uso de vehículos comprados a nombre de testaferros para evadir rastreos. Un camión utilizado en la operación fue rastreado mediante un GPS que la red desconocía.
Además, la investigación permitió identificar la ubicación donde se cargó la droga, un inmueble cercano al puerto perteneciente al presidente de GWG Transport, quien ya se encuentra arrestado.
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron vehículos, armas, dinero en efectivo y documentos que refuerzan las acusaciones. Las pericias realizadas cumplen estrictamente con los procedimientos legales vigentes, según informó el Ministerio Público.