Panorama Nacional. El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio, tras el reportaje amplio y de seguimiento de Periódico Panorama sobre la «Transparencia en Pausa en la República Dominicana» reveló este lunes que agregará al querellamiento en contra del exministro de Educación la violación a la Ley Núm. 122-05 de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (ASFL), en una entrevista en Panorama de la Mañana.
De igual manera, De la Rosa Tiburcio, explicó que la Universidad Abierta para Adulto (UAPA) recibió 209 millones a través del Institución Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), “siendo ministro y asesor de Educación que lo nombró el presidente a los tres días de llegar. Todo está contaminado, ligado”.
A todo esto, sostuvo que, el terreno adquirido en Samaná, está subvalorado, ya que su costo real oscila los cuatro millones de dólares, “el sacó 31 millones de la universidad y los trasfiere a una empresa personal. A toda luz es la comisión de un crimen de lavado de activos”.
“Él no había hecho la declaración jurada y cuando la presenta, ya tenía cinco meses la adquisición del inmueble. Aprovechó e incluyó ocho empresas que no había incluido en la primera declaración, con la agravante de que la declaración rectificada no aparece en el sistema ni en el portal de transparencia”, explicó De la Rosa.
Sus motivaciones fueron externadas bajo la preocupación de que vio la entrevista realizada al exministro de Educación, en la cual se pone en evidencia, “lo que nosotros habíamos planteado en principio con motivo de llevar al Ministerio Público, en específico a la Procuraduría Especializada en la Corrupción Administrativa este sometimiento ante comprobar la violación a la Ley Núm. 311-14 de Declaración de Patrimonio y la Ley Núm. 155-17 de Lavado de Activos”.
“Nosotros hemos concluido lo que pocos pudieron advertir de una expresión que él dijo, que ya establezco de manera responsable, que su intención para ir a ese programa fue echarle una vaina al presidente Luis Abinader”, al iniciar su discurso recordando que fue coordinador de campaña en San Cristóbal.
El presidente de Adocco alentó poner ojo a esas declaraciones, “lo que está diciendo es que no se va solo. Independientemente, de lo que nos ocupó al llevar este sometimiento se ha sumado el tema de Infraestructura Escolar donde hay evidencias de que hubo irregularidades de las cuales tuvo conocimiento y se las entregó al presidente, a la vicepresidenta de la República y a la directora de Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental”.
De la Rosa Tiburcio aclaró que al poseer el expediente de las sobrevaluaciones o sobrecostos en obras que no se aplicaron, “es algo que se suele hacer, sobre todo, en pre o campaña electoral dándole facilidades a legisladores. Esto se produjo en diferentes provincias y direcciones regionales”.
“Nosotros hacemos este sometimiento ante el hallazgo con una irregularidad que empieza con la Ley Núm. 311-14 de Patrimonio y observamos que hubo una omisión y violación a esta ley con su presentación jurada de patrimonio, en la cual mintió, porque él dijo que hizo la declaración en 15 días después de haber sido designado”, sostuvo el activista.
Sobre Milagros Ortiz Bosch como directora de Ética dijo que la valora como persona, pero, como funcionaria, “ha dejado mucho que desear. Una responsabilidad de ser asesora en materia de transparencia y promover la ética en el servidor público. Ella ha tenido sin lugar a dudas, un sesgo, tiene corruptos favoritos”.
“Este señor es un protegido de Milagros Ortiz Bosch, Ángel Hernández; no presentó su declaración jurada a los 30 días de su designación como cita la Ley 311-14. ¿Saben a qué tiempo presentó su declaración? A los seis meses”.
Él fue designado ministro de Educación en agosto de 2022 y presentó su primera declaración jurada en febrero de 2023, “dijo él, porque es un mitómano”.
Concerniente a la Pepca sinceró que, “en esta oportunidad tengo la esperanza de que sea diligente ante una demostración de violar varias leyes donde él admite que movió dinero de un lugar a otro.
«Hay muchos funcionarios que abultan su declaración jurada con esa intención. Cuando lo desvinculan aparece con un patrimonio menor al que declararon al principio para dar la idea de que su ejercicio descreció porque no estaba atendiendo y ese dinero ya se lavó», deploró el experto en Corrupción.