El proyecto de acueducto y alcantarillado sanitario para Verón-Punta Cana, respaldado por un préstamo de 400 millones de dólares sometido al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader, ha reactivado una de las mayores expectativas en torno a una obra pública en el principal polo turístico del país: la posibilidad de saldar una deuda histórica en materia de agua potable y saneamiento.
La iniciativa, cuyo contrato fue firmado en febrero entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y remitido al Poder Legislativo en abril, busca dar respuesta a una necesidad largamente señalada en una zona donde el crecimiento ha ido por delante de la infraestructura.
Durante décadas, Verón-Punta Cana ha sido sinónimo de expansión turística, inversión privada y desarrollo inmobiliario. Hoteles, residenciales y plazas comerciales han transformado el territorio en uno de los principales motores económicos del país. Sin embargo, ese crecimiento acelerado también ha impuesto una presión sostenida sobre los servicios básicos.
El aumento poblacional y la dinámica hotelera han incrementado la demanda de agua potable, al tiempo que han puesto en evidencia las limitaciones de sistemas sanitarios fragmentados e insuficientes. En ese contexto, la ausencia de un sistema integral de acueducto y alcantarillado sanitario ha sido señalada de forma recurrente por sectores técnicos, empresariales y comunitarios.

Es precisamente esa brecha —entre expansión y planificación— la que el proyecto busca cerrar, en medio de expectativas que no solo giran en torno a la obra en sí, sino a su capacidad de transformar, de manera definitiva, las condiciones estructurales de Verón-Punta Cana.
El Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso para la zona de Verón-Punta Cana tiene como objetivo contribuir a la mejora de la salud pública y a la protección del acuífero costero en la zona de intervención, además de ampliar el acceso a agua potable segura y saneamiento en comunidades priorizadas.
El director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, explica que la obra se sustenta en tres ejes fundamentales.
El primero está enfocado en la expansión de la red de acueducto, con el objetivo de garantizar un suministro continuo de agua potable tanto para los residentes como para el sector hotelero, pieza clave de la economía nacional.
El segundo componente contempla la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario moderno, orientado a reducir de manera significativa la contaminación de los acuíferos, actualmente impactados por el uso extendido de pozos sépticos, una problemática que incide directamente en el medioambiente y en la salud pública.
El tercer eje incluye la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales, que permitirán su reutilización en actividades como el riego de campos de golf y áreas verdes, promoviendo un uso más eficiente y sostenible del recurso hídrico.
Ejes técnicos del proyecto
La obra no solo representa una de las mayores apuestas en materia de infraestructura hídrica del país, sino también una de las más complejas, desde el punto de vista técnico.
De acuerdo con el documento base del proyecto, la obra tiene inversión estimada asciende a 400 millones de dólares, con un horizonte de ejecución que contempla aproximadamente dos años de construcción para los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y reúso en la zona Bávaro-Punta Cana.
El diseño parte de una realidad crítica. Y es la inexistencia de un sistema estructurado de abastecimiento y saneamiento, lo que ha generado dependencia de soluciones individuales como pozos privados, camiones cisterna y sistemas sépticos, con impactos directos en la calidad de vida, el medioambiente y la sostenibilidad del desarrollo turístico.
En términos poblacionales, el proyecto está dimensionado para una demanda en crecimiento acelerado. Los cálculos contemplados en el proyecto proyectan una población para Verón-Punta Cana de 272,115 habitantes para 2028, que podría ascender a 467,775 habitantes para 2048, lo que obliga a diseñar una infraestructura escalable y adaptable a largo plazo.
Uno de los componentes más robustos es el sistema de agua potable. Este contempla la construcción de un campo de 140 pozos, ubicados entre 9 y 10 kilómetros de la costa, cada uno con capacidad de producción de aproximadamente 20 litros por segundo.
A esto se suma una red de conducción y distribución de gran escala:
El sistema ha sido diseñado bajo distintos niveles de demanda, contemplando dotaciones diferenciadas según tipo de usuario:
En cuanto al saneamiento, el proyecto plantea una transformación estructural. La red de alcantarillado incluirá:
El corazón del sistema será una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con capacidad de 1,155 litros por segundo, diseñada con tecnología de múltiples etapas: tratamiento preliminar, reactores anaeróbicos, lodos activados y ultrafiltración, lo que permitirá obtener un efluente de alta calidad apto para reúso.
Este componente introduce uno de los cambios más significativos del modelo: el aprovechamiento de aguas tratadas. El proyecto prevé que el 100 % del agua reutilizada pueda ser absorbida por campos de golf y áreas verdes hacia 2038, mientras que el excedente sería utilizado para la recarga del acuífero, contribuyendo a mitigar fenómenos como la intrusión salina.
En términos de demanda hídrica, las proyecciones indican un crecimiento sostenido:
El diseño también contempla el riego de unas 2,051.8 hectáreas de áreas verdes y campos de golf, con un requerimiento estimado de 943 litros por segundo, lo que refuerza el papel del reúso como eje central del sistema.
El director del Inapa, Wellington Arnaud, explica que la iniciativa responde a una visión integral del Gobierno para garantizar el acceso universal al agua potable y mejorar las condiciones de saneamiento en zonas de alto crecimiento.
“Es importante que todo el pueblo dominicano sepa que esto es algo que se ha planificado con tiempo y que se ha venido desarrollando conforme a los plazos”, afirmó Arnaud.
En esa misma línea, sostuvo que la ejecución del proyecto no solo impactará la calidad de vida de los habitantes de Verón-Punta Cana, sino que también fortalecerá la competitividad del destino turístico, al dotarlo de servicios básicos alineados con estándares internacionales.
De acuerdo con el director regional Este del Inapa, Lenin Castillo, estas obras forman parte de compromisos asumidos por el Gobierno en materia de saneamiento y acceso al agua potable en La Altagracia, particularmente a partir del Consejo de Gobierno celebrado en noviembre de 2024.
Según explicó, en ese encuentro oficial se planteó la continuidad y ampliación de la fase de saneamiento de las zonas costeras, incorporando a Punta Cana entre las prioridades nacionales para dotarla tanto de un sistema de alcantarillado sanitario como de un acueducto moderno.
“Estimamos que antes de diciembre o a principio del próximo trimestre se podría estar iniciando”, afirmó Castillo, al referirse al posible arranque del proyecto.
Contentos, pero…
Desde el ámbito municipal, el proyecto también es visto con optimismo, aunque acompañado de advertencias sobre los desafíos estructurales que podrían incidir en su ejecución y sostenibilidad.
El director del Departamento de Planificación del Ayuntamiento de Verón-Punta Cana, Juan Carlos Sánchez, valoró la iniciativa como un paso importante, pero advirtió que aún persisten vacíos en materia de ordenamiento territorial y coordinación institucional.
“Existen muchos desafíos, muchas variables incidentales y vacíos de gobernanza interinstitucional entre las sectoriales del gobierno y el gobierno municipal”, señaló.
Entre los principales puntos críticos, destacó las limitaciones en la infraestructura vial y el impacto del crecimiento urbano desorganizado. “Las escasas vías arteriales y troncales están colapsadas, por la sobrecarga del tránsito y la gran movilidad urbana que se produce cada día en Verón, Bávaro, La Ceiba, Cap Cana, el aeropuerto y Punta Cana Village”, explicó.
A esto se suma, según indicó, la falta de estudios clave para anticipar el crecimiento del territorio. “Aún no se ha realizado el estudio de la sintaxis espacial del territorio para determinar la expansión urbana y la presión de asentamientos hacia suelos rurales”, advirtió.
Sánchez también llamó la atención sobre los instrumentos de planificación pendientes. “El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de Verón-Punta Cana podría ser aprobado próximamente, pero sus planes parciales y estudios subordinados siguen en proceso, incluyendo aspectos esenciales como la malla vial y el plan de movilidad sostenible”, apuntó Sánchez.
En ese contexto, alertó sobre la necesidad de articular el proyecto hídrico con una visión más amplia del desarrollo urbano. “Un estudio de los nuevos límites urbanos podría establecer una zona que supere los 320 kilómetros cuadrados, lo que implica mayores retos en términos de planificación”, sostuvo.
Finalmente, planteó una preocupación sobre la sostenibilidad del abastecimiento. “Las fuentes del sistema serían una red de pozos que, con el tiempo y la demanda progresiva, podrían dejar de producir suficiente agua apta para el consumo humano”, advirtió.
SUELTO
OPTIMISMO
El presidente de la Junta de Vocales del Ayuntamiento de Verón-Punta Cana, Uridy Marte, valoró el proyecto como una intervención clave para el futuro de la zona, al considerar que el crecimiento sin servicios básicos no puede sostenerse en el tiempo.
“A ningún crecimiento poblacional se le puede llamar desarrollo si no existen estas infraestructuras; el desarrollo debe ser integral, tanto en expansión como en servicios esenciales”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que la construcción del acueducto, el sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento representa una oportunidad para corregir rezagos históricos. “Esto es el rescate, justo a tiempo, ante amenazas que por décadas han puesto en riesgo el futuro del destino”, expresó Marte.
El vocal también vinculó la iniciativa con la estabilidad económica de la zona, al advertir que su ausencia podría impactar el modelo turístico. “Estos tres pilares devuelven la esperanza y la seguridad de seguir creciendo sin temor a un colapso medioambiental que afecte nuestra economía y el aporte que hacemos al país”, señaló.