Opinión

Unidad no es obediencia ciega: el PLD entre la estrategia y la legalidad

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Por Michael Matos

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atraviesa un momento decisivo. Mientras se define el camino hacia las elecciones del 2028, se ha abierto un debate profundo sobre el proceso de elección de nuestro candidato presidencial.Aunque es natural que en un partido con vocación de poder surjan tensiones y diferencias, lo preocupante es la forma en que algunos compañeros están confundiendo táctica con estrategia y disciplina con obediencia ciega.

El pasado lunes 3 de marzo, el Comité Político tomó una serie de decisiones clave:

• La creación de una comisión de arbitraje, unidad y seguimiento a los aspirantes.

• El establecimiento del primer trimestre del 2026 como fecha para elegir al candidato presidencial.

• La exigencia de que, en un plazo de 30 días desde esa fecha, los aspirantes manifiesten por escrito su interés de participar.

• Aunque estos pasos han sido defendidos como una forma de “adelantarnos” frente a los demás partidos —que ya tienen definidos sus candidatos—, conviene preguntarnos: ¿es esa la mejor estrategia? Y, sobre todo, ¿es legal?La Junta Central Electoral (JCE) ha advertido claramente que los partidos deben ceñirse al calendario electoral y a los plazos establecidos por la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y sus modificaciones.

Enfrentar a la JCE, especialmente en un contexto de desconfianza interna entre los propios aspirantes, no es una estrategia inteligente. Más bien, lo correcto hubiese sido poner el caballo delante de la carreta: antes de elegir una fecha o definir el método de selección del precandidato, debimos buscar un acercamiento institucional con la JCE.

Involucrarla como árbitro del proceso habría sido un gesto de madurez política y nos habría permitido encontrar un “bajadero” que no pusiera en entredicho la legalidad del proceso ni debilitara la institucionalidad del partido.

Cualquier intento de adelantarse al proceso, aunque venga con buenas intenciones o con el pretexto de “garantizar unidad”, representa una violación de la ley. ¿Estamos dispuestos a comprometer la institucionalidad del PLD por una táctica de corto plazo?Aquí es donde entra en juego un concepto que muchos citan, pero pocos comprenden en profundidad: el centralismo democrático. Esta doctrina no puede utilizarse como excusa para imponer decisiones unilaterales ni para sancionar a quienes disienten de una línea que no ha sido discutida ni construida colectivamente.El centralismo democrático no es un cheque en blanco para callar voces críticas, ni mucho menos para etiquetar como “traidor” a quien se atreva a pensar distinto.

Preocupa ver cómo algunos compañeros hablan de sanciones y exigen un alineamiento casi automático a decisiones que aún están en fase de construcción.

El respeto a la legalidad, al debate interno y a la diversidad de ideas también es una forma de unidad. Unidad no es uniformidad. Unidad es tener un norte común, no imponer un solo camino para llegar a él.La historia del PLD está llena de momentos en los que el pensamiento estratégico y la prudencia guiaron nuestras decisiones.

En 1974, cuando se construía el Bloque de la Dignidad Nacional frente al régimen de Joaquín Balaguer, el profesor Juan Bosch acuñó una frase que sigue siendo vigente: “Los candidatos dividen”.En ese momento, la prioridad era consolidar la unidad del bloque antes de precipitar candidaturas.

Hoy enfrentamos una situación distinta, pero el principio es el mismo: no apresuremos decisiones que puedan fragmentar en vez de fortalecer.Nuestro partido debe ser un espacio para el pensamiento político, no para la obediencia automática.

Si queremos volver a ser una opción de poder real, debemos combinar visión estratégica con respeto a las normas y apertura al disenso.

La unidad del PLD no se construye desde el miedo ni desde el silencio. Se construye desde el debate responsable, el respeto a las reglas y la capacidad de pensar colectivamente en el país que queremos construir.

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