Una decisión y acción urgente y necesaria para proteger el SINAP, patrimonio de todos
Por: Nelson Pimentel
Panorama Opinión._ La reciente decisión de la magistrada Yeni Berenice Reynoso de instruir una investigación penal sobre afectaciones en áreas protegidas constituye una respuesta institucional firme y oportuna ante un momento especialmente sensible para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). No se trata de un acto aislado ni de una reacción coyuntural; es una acción necesaria para reafirmar que el patrimonio ambiental dominicano no puede quedar expuesto a interpretaciones fragmentadas ni a vacíos en la aplicación de la ley.
De igual modo, las recientes decisiones del Tribunal Superior Administrativo, particularmente la relativa al Parque Nacional Jaragua, han reabierto el debate nacional sobre el alcance de los derechos registrales en territorios protegidos y sobre la fuerza normativa del régimen ambiental. Más allá de la discusión procesal que corresponde a los tribunales, el país no puede perder de vista que las áreas protegidas forman parte de un sistema creado para salvaguardar bienes estratégicos tales como: fuentes de agua, biodiversidad, estabilidad climática y seguridad territorial.
En ese contexto, la investigación penal anunciada por el Ministerio Público trasciende la revisión de títulos o actos administrativos. Cuando existen indicios de ocupaciones ilegales, fraudes inmobiliarios o posibles entramados que afectan territorios protegidos, la respuesta no puede limitarse a un análisis documental; debe examinarse la conducta, la intención y el impacto colectivo del daño. El SINAP no es un simple inventario cartográfico, es una estructura jurídica diseñada para garantizar la supervivencia ambiental del país.
Debo reconocer el compromiso ambiental demostrado por la magistrada Yeni Berenice Reynoso al asumir esta investigación con enfoque integral. Su actuación reafirma que la protección del medio ambiente no es un tema secundario, sino un mandato constitucional que compromete la acción del Estado en todas sus dimensiones. Y esta acción del Ministerio Público interviene para determinar responsabilidades penales en estos casos de afectación al patrimonio ambiental, fortalece la credibilidad institucional y envía una señal clara de que la ley no es negociable.
Asimismo, es relevante destacar el rol activo asumido por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, quien ha accionado los mecanismos legales correspondientes para procurar la revisión y revocación de decisiones que impactan ár2eas protegidas. El Ministerio de Medio Ambiente no puede ser un ente pasivo frente a fallos que comprometan la integridad del sistema; su deber es agotar todas las vías procesales disponibles para salvaguardar el interés público ambiental y garantizar que el marco normativo protector del SINAP conserve su eficacia e integridad real.
En este escenario, también debe reconocerse la posición firme, vigilante y comprometida de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas. Su rol ha ido mucho más allá de la denuncia pública. La Coalición ha impulsado acciones directas en el orden legal, ha participado activamente en procesos jurisdiccionales, ha acompañado comunidades en la salvaguarda de los territorios, y ha desarrollado una labor permanente de orientación y creación de conciencia sobre la importancia estratégica del SINAP. Esa presencia constante en el terreno y en los espacios institucionales fortalece la vigilancia social y complementa la acción del Estado cuando esta se orienta correctamente a la defensa del interés colectivo.
La convergencia entre la acción del Ministerio Público, la postura firme del Ministerio de Medio Ambiente y la vigilancia activa de la Coalición refleja una articulación necesaria entre institucionalidad y sociedad civil. No se trata de confrontación entre poderes ni de protagonismos aislados; se trata de una defensa coordinada del patrimonio natural dominicano.
Un elemento central en esta coyuntura es la necesidad de que existan consecuencias reales. Sin responsabilidad penal y patrimonial, el sistema pierde capacidad disuasiva. Durante años, el daño ambiental ha sido tratado, en algunos casos, como un riesgo asumible dentro de una lógica de regularización posterior. Esa cultura debe ser superada. Cuando las consecuencias son ciertas y proporcionales al daño causado, el incentivo cambia y la protección ambiental deja de depender de la buena voluntad para apoyarse en la fuerza de la ley.
Proteger el SINAP es proteger el agua que nos abastece, el equilibrio ecológico que sostiene la agricultura y el turismo, y la estabilidad territorial que previene desastres. Es, en definitiva, proteger el futuro.
La investigación penal en curso, vinculada al debate generado por las decisiones del Tri2bunal Superior Administrativo sobre el Parque Jaragua y acompañada por la acción del Ministerio de Medio Ambiente para su revisión, marca un punto de inflexión en la gobernanza ambiental dominicana.
Hoy corresponde al país respaldar la acción de la Procuradora, confiar en el trabajo demostrado y mantenerse atento a los resultados de esta investigación. La defensa del patrimonio natural no es tarea exclusiva de una institución; es una responsabilidad colectiva. El mensaje debe ser claro y sostenido: las áreas protegidas no son patrimonio disponible ni terreno de especulación. Son bienes de todos, cuya integridad exige vigilancia ciudadana, coherencia institucional y consecuencias efectivas frente a cualquier intento de vulnerarlas.
