TSE aplaza audiencia sobre demanda contra 33 partidos minoritarios
Medios Panorama | 2 mins de lectura 
Panorama Justicia. El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó para el próximo 25 de julio el conocimiento de la demanda que busca anular la personería jurídica de 33 partidos y movimientos políticos que no alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024. La audiencia fue reprogramada para las 9:00 de la mañana.
La decisión fue adoptada por el pleno del TSE, que acogió una solicitud presentada por la Junta Central Electoral (JCE). El tribunal dispuso que, antes de continuar con el proceso, todas las organizaciones señaladas sean formalmente puestas en causa.
Los jueces también ordenaron que la JCE se encargue de realizar las notificaciones correspondientes a las entidades políticas involucradas. Con esta medida, el órgano busca garantizar que todas las partes puedan ejercer su derecho a la defensa durante el proceso.
Entre las organizaciones incluidas en la demanda figuran partidos como Justicia Social (JS), Alianza País (Alpaís), Opción Democrática (OD), Esperanza Democrática (PED), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y Primero La Gente (PPG), además de otros partidos y movimientos minoritarios.
TSE alcanza 100 % en transparencia y mantiene indicador de Mora Cero
La acción judicial fue presentada el pasado 9 de julio por Proyecto Visión Nación (PVN) y el abogado José Cristopher Ramírez. Los demandantes sostienen que las organizaciones que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votos exigido por la legislación deben perder su reconocimiento legal.
De acuerdo con la instancia, mantener la personería jurídica de esos partidos afectaría la racionalidad del sistema político y permitiría que agrupaciones sin el respaldo electoral requerido continúen recibiendo beneficios y recursos públicos contemplados en la ley.
Asimismo, los accionantes solicitan que el TSE ordene a la JCE aplicar de forma estricta el artículo 75 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Argumentan que cualquier interpretación que flexibilice esa disposición contraviene el principio de legalidad y altera el equilibrio del sistema democrático.
