Panorama Internacional. Tras varios meses de objeciones por jueces federales, el Gobierno de Estados Unidos elevó a la Corte Suprema la solicitud para deportar a unos 350 mil venezolanos que se encuentran es ese país.
La medida que busca poner fin al estatus de protección temporal para venezolanos, fue llevada al alto tribual, a los fines de que los magistrados que intercedan en la disputa y dejen en suspenso la orden de un juez federal de San Francisco que puso en pausa la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Mientras que D. John Sauer, procurador general, dijo que esta acción interfiere de manera inaceptable en el poder del Gobierno en lo que respecta a la inmigración y asuntos exteriores, indicando a su vez que aquellos que les afecte la eliminación de protección, no necesariamente deben regresar a sus países ya que pueden permanecer en territorio estadounidense con otras opciones legale.
En el caso de Venezuela, el permiso responde a la crisis humanitaria y política que se vive por la permanencia en el poder del régimen de Nicolás Maduro.
El plan para eliminar la protección está pautado para el próximo 7 de abril, aunque el juez del Distrito Federal Edward Chen ordenó pausar la medida que afectaba una gran población y tendría un alto costo.
“Actuar sobre la base de un estereotipo de grupo negativo y generalizar dicho estereotipo a todo el grupo es un ejemplo clásico de racismo. Los titulares de TPS venezolanos tienen tasas de criminalidad más bajas que la población en general”, explicó Chen.