Por: Valentín Medrano Peña
Panorama Opinión. El Ministerio Público defiende sus fracasos y procura excusarse. Ha dicho a todos, para creérselo, hoy con ecos en más medios de comunicación que antes, lo que es normal dada la personalidad de los imputados, que hay cuatro puntos resaltables en el resultado de su medida de coerción, a decir:
Uno: que todo el mundo felicitó dentro de la sala la labor investigativa del Ministerio Público, incluyendo a los querellantes y al tribunal, lo que no le es dable, por lo menos al tribunal. Y cuya afirmación no fue más que una justificación a las más de doscientas víctimas mortales y al pueblo desconcertado por la norma y los procesos jurídicos.
Dos: el que todo el mundo estaba conteste con la calificación jurídica ofertada, pero que ofertando una calificación jurídica de violación del artículo 319 del Código Penal, que conlleva penas de 3 meses a dos años, pretendía que la jueza prevaricara y le concediera su solicitud de prisión preventiva. Por el tipo penal debemos creer que el cuerpo de persecución penal lo solicitó de la boca para afuera, sin sentir ni querer en la realidad que esto se lo concedieran.
Tres: que la honorable Procuradora entiende que el culpable es el Código Penal que está pendiente de aprobación y que hizo un llamado a los legisladores; aquella cloaca en que las excusas, presiones y mal funcionamiento de administradores de asuntos públicos se vierten para ahondar en la hediondez de ese maltrecho y cuestionado cuerpo, claro está, cuando conviene.
Lo que no dijo el Ministerio Público es que en todas las propuestas de modificación de ese Código Penal, el homicidio involuntario, ese que hoy sirve para cuestionar al cuerpo legislativo, solo aumenta en su proscripción o condena en un año; es decir, que la pena de dos años se aumenta, como es debido, a solo tres años.
La calificación jurídica no resiste otra cosa que no sea una medida de coerción alternativa. Si se otorgara prisión preventiva por 18 meses como de forma engañosa solicitó el Ministerio Público a sabiendas de que no procede, a los tres meses, que es el mínimo de la pena, debería procederse con un cese y más luego con la extinción del proceso.
La jueza no podía hacer otra cosa, la ley no se lo permitiría, y como ella no tiene que jugar al vedetismo y asumir la violación de la ley por fines, presuntamente pero falsamente de bien superior de la sociedad, debe limitarse a la norma y el principio de legalidad.
Lo cierto es que en este y otros casos, el Ministerio Público tiró la piedra y escondió la mano, e hizo ver como el malo de la película al Poder Judicial con una cuota de daño al Poder Legislativo, y en relación al primero, su representante en este proceso, la jueza, no tenía de otra.
Si fuera en el argot de la pelota podríamos afirmar que el Ministerio Público como lanzador no lanzó para ganar un juego, sino que tiró una práctica de bateo al estilo Jonrón Dervy.
Lástima que, como siempre, nos traten de tomar el pelo, y nos convoquen a un espectáculo risible cargado de desfachatez y falacia. Pero nada, seguimos esperando que la rueda de la vida dé un nuevo giro con la constante expectativa de que Dios meta su mano y nos agarre confesados.
