Panorama Opinión._ En estas navidades de 2025, el pueblo dominicano fue sorprendido con la detención del exdirector del Servicio Nacional de Salud (SENASA) y otros nueve imputados, acusados de un presunto desfalco millonario en perjuicio de la institución.
El Ministerio Público ha denominado el expediente como “Operación Cobra”, en el cual se describe una supuesta red de sobornos que involucraba al director y a sus colaboradores más cercanos, con el objetivo de favorecer licitaciones y programas sin sustento real, creados únicamente para drenar financieramente a SENASA.
Denuncias previas ignoradas
Estas irregularidades no surgieron de la nada. El partido Fuerza del Pueblo denunció formalmente desde el año 2021 ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) indicios de anomalías administrativas en SENASA. Dichas solicitudes de intervención fueron ignoradas por el gobierno.
Más recientemente, el 25 de junio de 2025, Fuerza del Pueblo volvió a solicitar al Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Luis Abinader, la intervención de SENASA, alegando deficiencias graves en los servicios y advirtiendo que la institución se encontraba prácticamente quebrada.
La narrativa oficial
En los días posteriores a la revelación del caso, se ha observado una campaña sistemática de comunicadores afines al gobierno —y otros no necesariamente alineados— que han intentado posicionar la idea de que el presidente Abinader desconocía por completo lo que ocurría en SENASA y que, de no ser por su compromiso con que ningún caso quede impune, este escándalo jamás habría salido a la luz.
Sin embargo, diversos acontecimientos, algunos recogidos en el expediente del Ministerio Público y otros no, indican que el gobierno sí estaba al tanto de lo que ocurría en el Servicio Nacional de Salud.
Hechos que generan dudas
Cuando Fuerza del Pueblo realizó la denuncia pública en julio de 2025, la respuesta del presidente fue categórica: calificó la acusación como política y aseguró que en SENASA no ocurría nada irregular. Reconoció la necesidad de inyectar recursos a la institución, pero afirmó que eso era normal y que el gobierno encontraría la forma de hacerlo. Incluso acusó a la oposición de querer que el gobierno saque a dos millones de afiliados que su gestión había logrado incorporar.
No obstante, en septiembre de ese mismo año, el propio gobierno dispuso la entrega a la Procuraduría General de la República de un informe con irregularidades detectadas en SENASA. Dicho informe fue presentado por ejecutivos de SISALRIL y de la propia institución, por mandato del Poder Ejecutivo. Esta acción contradice directamente las declaraciones del presidente realizadas apenas dos meses antes.
El dinero y las preguntas incómodas
Según el expediente, los sobornos ascienden a miles de millones de pesos. Inicialmente se intentó realizar pagos en efectivo, pero uno de los implicados habría advertido que no contaba con la logística necesaria para mover cantidades tan elevadas. Como resultado, se crearon empresas para canalizar los sobornos mediante depósitos y transferencias bancarias.
Esto plantea preguntas inevitables:
¿Es posible mover miles de millones de pesos en el sistema bancario dominicano sin generar alertas?
¿Dónde estaba la Superintendencia de Bancos ante estas operaciones?
Un trasfondo político
Resulta igualmente llamativo que el doctor Santiago Hazim, señalado en el caso, no aparentara tener necesidades económicas que justificaran un desfalco de tal magnitud. Además, su rol como presidente del sector externo de las campañas de Luis Abinader en 2020 y en su reelección de 2024 abre un debate legítimo.
¿Se utilizó este desfalco para captar recursos destinados a la campaña de reelección presidencial?
No existen pruebas concluyentes que permitan afirmarlo, pero lo que sí parece indiscutible es que el tamaño del fraude en SENASA hacía casi imposible que los organismos de seguridad del Estado desconocieran lo que estaba ocurriendo.
Por todo lo anterior, sostengo que el gobierno estaba al tanto de lo sucedido en SENASA. La narrativa de desconocimiento parece más bien un intento de proteger la imagen gubernamental y salir políticamente airoso de una de las mayores crisis institucionales de los últimos años.
La justicia deberá determinar las responsabilidades penales, pero la responsabilidad política ya está sobre la mesa.
Por: Lic. Alfredo Zapata
