Por Odalis Castillo
Panorama Nacional.- San Juan de la Maguana, una de las principales provincias agrícolas de la República Dominicana, se encuentra en medio de una batalla por su futuro. El proyecto minero Romero, liderado por la empresa Gold Quest, ha desatado una encendida controversia entre aquellos que ven en la minería una oportunidad para el desarrollo económico y quienes temen las repercusiones ambientales que esta actividad podría tener, especialmente en relación a sus fuentes de agua.
En un amplio reportaje presentado esta semana por el Programa Toda La Verdad que conduce la periodista Odalis Castillo y se transmite por VTV, Canal 32 los domingos a las 8 de la noche, Luis Santana, presidente de Gold Quest en el país, defendió el proyecto minero como un descubrimiento que transformará la economía local. Según Santana, el depósito contiene unos 3,2 millones de onzas de oro, con un valor estimado de 8 mil millones de dólares en el mercado actual. Santana asegura que la explotación subterránea generaría miles de empleos y contribuiría significativamente a los ingresos del Estado dominicano. «Aportaríamos alrededor de 46 mil millones de pesos en ocho años, de los cuales 12,2 mil millones serían destinados a planes de desarrollo en San Juan», afirma.
Mientras, el Padre Cabral, uno de los líderes en esta lucha, manifestó que el agua no es solo un recurso natural, sino un derecho inalienable que garantiza la vida de la comunidad. «No podemos entrar en diálogo cuando la propuesta es envenenar nuestras fuentes de agua. San Juan es un valle que depende de cada gota, y defender nuestra agua es defender nuestro futuro», expresa enfáticamente el sacerdote, refiriéndose a los argumentos que han defendido en numerosas movilizaciones lideradas por la iglesia y otros sectores sociales.

Manuel Abreu, un técnico que pertenece al sector que lidera las protestas, refuerza la idea de que la minería y la sostenibilidad del agua no pueden coexistir en la Cordillera Central. «La explotación de oro en la cuenca alta no solo dañaría el agua para consumo humano, sino que afectaría nuestra capacidad para producir alimentos.
La comunidad local, encabezada por agricultores y ambientalistas, no se muestra convencida. «Nosotros no queremos oro, queremos agua», declara Viterbo Turbí, un agricultor de la zona, quien expresa su preocupación por el posible impacto de la minería en las fuentes de agua que sostienen su comunidad. Esta preocupación es compartida por líderes religiosos, como el Padre Santo Cabral Luciano, quien asegura que «San Juan está unido como una sola familia en contra de la explotación».

Milton Martínez, de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), señala la importancia de la Cordillera Central para el suministro de agua en todo el país. «San Juan es una zona de déficit hídrico, y cualquier accidente minero afectaría no solo a la comunidad local, sino también a la presa de Sabaneta y otras áreas agrícolas dependientes del río San Juan», subraya Martínez
Tanto en las sentencias judiciales en tribunales de San Juan como en el Tribunal Constitucional en Santo Domingo, se determinó que sin un estudio de impacto ambiental no se puede iniciar la explotación. Luis Santana asegura que la empresa cumplirá con todas las normativas ambientales vigentes y sostiene que la minería moderna es diferente a la del pasado, destacando que no utilizarán agentes químicos peligrosos en el proceso de extracción.

No obstante, para muchos sanjuaneros, las promesas de la empresa no son suficientes. «No podemos permitir que se explote una zona que debe ser protegida. El agua es nuestra mayor riqueza», dice el Padre Manuel Abreu, representante técnico de la comunidad.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste en San Juan de la Maguana, donde la comunidad sigue en pie de lucha, preocupada de que, en su disyuntiva entre el oro y el agua, puedan perder lo más valioso: sus recursos naturales.