República Dominicana vivió en 2024 un complejo escenario legislativo
Panorama Nacional. 2024 ha sido un año de mucha actividad para el primer Poder del Estado, con múltiples reformas sometidas desde el Poder Ejecutivo.
Panorama recuerda en este reportaje, el complejo escenario legislativo de la República Dominicana en este año que casi concluye. Exploraremos cómo, a pesar de que el PRM cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso Nacional esto no ha evitado que las promesas de reformas del presidente Luis Abinader se hayan enfrentado a desafíos inesperados y decisiones controvertidas. Desde la Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) hasta la reforma constitucional, analizaremos los hitos y las polémicas que han marcado este año a nivel legislativo.
El 2024 empezó con la aprobación y posterior promulgación, el 15 de enero, de la controversial Ley 1-24 que crea la DNI, la cual recibió un amplio rechazo debido a que muchos sectores entendieron que esta vulneraba derechos como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la privacidad y protección de los datos e informaciones personales.
Los debates concluyeron con una comisión conformada por el Poder Ejecutivo y la Sociedad Dominicana de Diarios, donde se acordó modificar la ley a través de un proyecto enviado al Congreso Nacional en noviembre. Sin embargo, un mes después, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que anulaba la Ley del DNI, aunque solo bajo el argumento de que la misma no fue aprobada mediante el procedimiento correcto, de una ley orgánica, sin confirmar concretamente si la pieza realmente violentaba derechos fundamentales de forma directa.
No obstante, dos leyes importantes fueron aprobadas durante el segundo trimestre del año. Hablamos de la nueva Ley 13-24 que rige al Banco de Reservas, a través de la cual la entidad pasó a denominarse Banco Múltiple, sin exenciones fiscales, privilegios ni limitaciones, por primera vez en la historia. La otra fue promulgada en junio. Se trata de la Ley 18-24, que a partir de ahora regula el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, prometiendo resolver los problemas internos de ingobernabilidad que ha restado eficiencia y eficacia a este importante órgano fiscalizador.
Tras este paso de avance, sorpresivamente fue sometido y aprobado en primera lectura el Código Penal en el Senado de la República, luego de más de dos décadas de estar estancado en la sede del Poder Legislativo. El 26 de junio, la cámara alta lo ratificó en segunda lectura siendo enviado a la Cámara de Diputados, donde todo indicaba que el proyecto correría la misma suerte, ya que legisladores de todas las bancadas se mostraban a favor.
En la cámara baja, la pieza fue aprobada en primera lectura y enviada a comisión, tal y como llegó del Senado. Todo marchó con mucho optimismo hasta que en las vistas públicas quedó en evidencia una vez más el choque irreconciliable entre los denominados “pro-vidas” y “pro-causales”. También, a esto se sumó un pronunciamiento del presidente Luis Abinader en La Semanal con la Prensa, (afirmando que ese proyecto necesitaba estudiarse más).
Eso bastó para que la Comisión de Justicia bajara la guardia y ni siquiera presentara su informe ante el pleno de la Cámara de Diputados dentro del plazo que le fue establecido. El panorama actual indica que el Código volverá a dormir el sueño eterno, pues el Gobierno ha preferido enviar una ley especial, en este mes de diciembre para incrementar las penas a más de 20 delitos, castigando hasta con 50 años el sicariato, en lugar de someter nuevamente la reforma al Código Penal, como han planteado legisladores de la oposición.
La reforma constitucional de Abinader
Este 2024, el país fue testigo de otra reforma constitucional. Esta fue la número 40 y, diferente a las demás, no giró en torno a la búsqueda de la reelección presidencial, sino todo lo contrario. Luis Abinader, teniendo una mayoría absoluta en el Congreso Nacional, decidió colocar lo que denominó como candados a la Constitución para que ningún mandatario, incluido él, pudiera beneficiarse de una reforma para seguir en el cargo.
Esta modificación a la Carta Magna también unificó las elecciones en los tres niveles y eliminó 20 diputados, a partir del 2032. Asimismo, estableció un nuevo mecanismo para elegir al procurador general, aparte de excluirlo del Consejo Nacional de la Magistratura, siendo sustituido por el presidente del Tribunal Constitucional. La nueva Constitución fue proclamada el domingo 27 de octubre del presente año, sin la presencia de los partidos de la oposición.
Pero lo que verdaderamente marcó el 2024 en materia legislativa fue el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal enviado por el Poder Ejecutivo, que contemplaba, entre otras cosas, eliminar las exenciones fiscales a diferentes sectores, así como aumentar los impuestos al marbete, al IPI, a las compras por internet de menos de 200 dólares y a la mayoría de los productos de la canasta familiar.
Pese a que muchos reconocieron la necesidad de que se realice un pacto fiscal, en la vista pública que quedó para la historia, celebrada el jueves 17 de octubre en el Congreso Nacional, esta reforma recibió un rechazo absoluto por parte de todos los que participaron.
Paralelo a las reformas constitucional y fiscal, el 10 de octubre, el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, presentó un proyecto de reforma laboral tras más de 100 reuniones entre Gobierno, empresarios y trabajadores. La propuesta incluye el teletrabajo, trabajo doméstico, un día adicional de vacaciones y un aumento en la licencia de paternidad, entre otras modificaciones, pero no aborda la cesantía, que sigue siendo el punto de discordia. Los empresarios proponen limitarla y crear un seguro de desempleo, mientras que las centrales sindicales se oponen a cualquier cambio a las prestaciones laborales, amenazando con paros indefinidos. La Comisión del Senado retomará las discusiones en 2025.
El pasado jueves, en términos legislativos, el Congreso Nacional cesó su trabajo por este año, con una sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados. Se trata de otra vuelta al sol sin que la República Dominicana vea materializar reformas que durante años ha venido demandando la sociedad, como la actualización de la ley de seguridad social y del Código Penal. Además, una serie de proyectos importantes quedaron pendientes. Entre ellos, la reforma laboral y la nueva ley de contrataciones públicas.
El presidente Luis Abinader ha prometido un cuatrienio de grandes reformas, respaldado por una mayoría legislativa que le permite llevarlas a cabo. Sin embargo, este control absoluto en el Congreso también impone una gran responsabilidad sobre el Partido Revolucionario Moderno. La sociedad estará vigilante y no aceptará excusas si, para el 2028, no se han actualizado leyes cruciales como la Ley 81-01 que rige el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), entre otras.
