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Régimen de consecuencias ante violaciones a la Ley 47-25 Sobre Contrataciones Públicas

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Panorama Opinión. La nueva Ley 47-25 Sobre Contrataciones Públicas introduce un régimen disciplinario más detallado que la Ley 340-06, sanciones administrativas proporcionales y nuevas tipificaciones penales, además de la responsabilidad patrimonial.

Se establece un régimen de consecuencias específico para los servidores y funcionarios públicos en materia de contratación, incluyendo faltas como obstaculizar el acceso a expedientes administrativos, retrasar pagos o recepción de bienes u obras injustificadamente, recomendar la contratación con proveedores inhabilitados, participar en actividades patrocinadas por oferentes fuera de protocolo, o adjudicar una contratación que previamente haya sido suspendida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

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Las sanciones a funcionarios públicos por violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones e interés indebido en la celebración de contratos, incluye su inhabilitación inmediata, pena desde 2 a 5 años de prisión y multa de 20 a 50 salarios mínimos del sector público.

A su vez, se establecen nuevas sanciones a los Proveedores del Estado que incurran en:

Soborno: pena desde 4 a 10 años de prisión, y multa de 4 a 10 veces del monto de la suma ofrecida en sobornos. En caso de no precisarse la suma involucrada, la multa será de 20 hasta 50 salarios mínimos del sector público;

Corrupción o colusión: pena desde 2 a 5 años de prisión, y multa de 20 a 50 salarios mínimos del sector público.

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Finalmente, la Ley 47-25 introduce la responsabilidad penal corporativa en el régimen de contrataciones públicas. Las personas jurídicas podrán ser sancionadas penalmente cuando los delitos previstos en la ley sean cometidos en su beneficio, por sus directivos, propietarios o representantes, como resultado de fallas en sus deberes de supervisión y control. Las sanciones incluyen multas de 500 a 5,000 salarios mínimos del sector público, y clausura definitiva de locales, previa intervención de una sentencia definitiva e irrevocable.

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