Panorama Judicial. – Tras el arresto de Junior “Lazarito” Sánchez Martínez como presunto responsable de la muerte de Paula Santana Escalante, ocurrida en febrero de 2024, resurgen interrogantes legales sobre el destino de Joaquín Alexander Hidalgo Marte, de 38 años, y Alex Elvin Cruz Díaz, de 23.
Estos dos jóvenes fueron inicialmente apresados y procesados como principales sospechosos del crimen, pero liberados en septiembre de ese mismo año por falta de pruebas, tras una orden de archivo provisional emitida por el Tercer Juzgado de Instrucción de Santo Domingo.
A 240 días de iniciada una nueva línea de investigación, Sánchez Martínez fue capturado y habría admitido su participación en el hecho.
Este giro en el caso plantea la posibilidad de una demanda al Estado por parte de los dos jóvenes inicialmente incriminados.
El abogado Pedro Canaán Duarte advirtió que se estaría frente a un claro ejemplo de “errores judiciales”, ya que ambos fueron apresados y judicializados de manera apresurada, pasando varios meses en prisión.
Canaán explicó en «Las Exclusivas», de José Peguero que, si se confirma la culpabilidad de Sánchez Martínez mediante una sentencia, los afectados podrían interponer una demanda resarcitoria contra el Estado y el fiscal titular de la provincia Santo Domingo, Milcíades Guzmán Leonardo.
“La Constitución prevé la responsabilidad penal y civil del funcionario público que comete un error de esta magnitud en perjuicio de un ciudadano”, sostuvo el jurista.
En tal escenario, el Estado dominicano estaría obligado a compensar económicamente a quienes prueben haber sufrido daños como consecuencia del error judicial.
La resolución finaldel caso Paula Santana, puntualizó el abogado, no solo determinará la responsabilidad del acusado actual, sino también el posible precedente legal en cuanto a las consecuencias de acusaciones infundadas.