Al menos siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica denuncian amenazas
Medios Panorama | | 3 mins de lectura 
Panorama Internacionales. Al menos siete periodistas nicaragüenses que buscan refugio en Costa Rica han sido objeto de vigilancia, amenazas e intimidaciones atribuidas a agentes vinculados a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un informe divulgado este miércoles por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED). El reporte, titulado El exilio deja de ser un refugio seguro: periodistas nicaragüenses enfrentan amenazas transnacionales y desprotección, alerta sobre el aumento de riesgos para la prensa independiente más allá de las fronteras de Nicaragua.
De acuerdo con la información recabada por la FLED, que integra la red regional Voces del Sur, los comunicadores exiliados han sufrido vigilancia cerca de sus viviendas, amenazas en redes sociales, exposición de datos personales, intimidaciones en espacios públicos y llamadas de números desconocidos. La organización indicó que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica notificó a varios de estos reporteros sobre riesgos contra su vida e integridad en territorio costarricense, según informó la agencia EFE.
Uno de los episodios obligó a una periodista nicaragüense a abandonar Costa Rica de manera urgente tras recibir advertencias sobre el peligro que corría si permanecía en el país. Otros miembros del gremio, bajo recomendaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades policiales, han debido cambiar de domicilio o desplazarse internamente ante el temor a represalias.
La FLED sostiene que estos hechos evidencian una estrategia de “represión transnacional” orquestada por el régimen de Ortega y Murillo contra quienes ejercen el periodismo independiente fuera de Nicaragua. La organización alertó que la cercanía geográfica entre Costa Rica y Nicaragua incrementa la vulnerabilidad de los exiliados, recordando el asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam —desnacionalizado, mayor en retiro del Ejército y naturalizado español— quien fue ultimado a tiros en San José hace un año, luego de haberse exiliado en ese país.
Qué reclama la FLED
“El exilio ya no es garantía de seguridad para los periodistas nicaragüenses. Se han documentado seguimientos, amenazas y ataques digitales que buscan silenciar voces críticas incluso fuera de las fronteras nacionales”, afirmó la FLED en su informe, recogido por EFE.
“La respuesta debe contemplar la identificación de periodistas en mayor situación de vulnerabilidad, protocolos claros de comunicación y actuación, así como condiciones que permitan proteger su vida e integridad sin obligarlos al silencio ni impedir la continuidad de su trabajo”, añadió la organización.
La FLED instó a las autoridades de Costa Rica a fortalecer los mecanismos de protección y adoptar respuestas ante este fenómeno. Reclamó a la comunidad internacional mantener la denuncia sobre la situación del periodismo nicaragüense tanto en el país como en el exilio.
Los datos de la persecución a la prensa
El informe documentó 24 casos de agresiones contra medios y periodistas nicaragüenses, tanto dentro de Nicaragua como en el exilio, entre abril y junio de este año, lo que representa una reducción de 20 incidentes respecto al trimestre anterior. Sin embargo, la organización subrayó que la disminución de casos reportados no implica una mejora en la situación, sino que responde al éxodo y al silenciamiento forzado de profesionales.
Desde abril de 2018 y hasta la fecha, el régimen de Nicaragua ha cerrado al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscados, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y La Trinchera de la Noticia, según la FLED. Al menos 310 trabajadores de medios han abandonado el país o han sido desterrados por motivos de seguridad, la mayoría de ellos periodistas.
La FLED exigió al Estado de Nicaragua cesar la persecución contra periodistas y medios independientes, garantizar el libre ejercicio de la profesión y respetar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y verificada.
