Participación Ciudadana presentó el Séptimo Informe sobre Casos de Corrupción Administrativa
Panorama Nacional. Participación Ciudadana presentó el séptimo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, dedicado exclusivamente al caso Senasa.
El objetivo de este reporte es facilitar a la ciudadanía el conocimiento y comprensión del proceso penal.
El documento destaca que el caso afectó la salud del sector más vulnerable de la población y que “hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una”.
De acuerdo con el informe, el “deterioro comenzó desde el inicio de la gestión de Santiago Hazim”, ya que hasta 2020 la entidad era descrita como un modelo de gestión.
Las denuncias de irregularidades incentivaron una investigación del Ministerio Público, cuya solicitud de medidas de coerción tiene 537 páginas, de las cuales, Participación Ciudadana elaboró una síntesis de 32 páginas para facilitar el acceso a la información.
El informe indica que está creado “única y exclusivamente partiendo del contenido de la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público”, por lo que todas las informaciones contenidas corresponden al expediente penal y no a valoraciones de Participación Ciudadana.
Principales hallazgos según la acusación presentada por el Ministerio Público:
Se “creó una estructura de crimen organizado”
Se “obstruyó la transparencia interna”
Se “crearon programas especiales fraudulentos para recibir sobornos”
Se “adulteraron y falsearon los estados financieros”
Se “distrajeron fondos del Senasa, comprometiendo la solvencia de la institución”
El expediente atribuye sobornos por más de 4 mil millones de pesos, la creación de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos y contratos como el programa Nutrisalud y otros a través de los cuales se realizaron entregas de RD$100 millones, transferencias por RD$529,068,000.00, nuevas entregas en efectivo por RD$536,000,000.00 y pagos totales de sobornos por RD$1,165,000,000.00 hasta 2024.
El expediente señala además que “a Hazim no le importaba la eficacia de la inversión en estos programas”, ya que no ordenaba evaluaciones sobre el impacto sanitario.
Asimismo, expone que servicios de atención primaria fueron “monopolizados”, se “alteraron los estados financieros con la intención de ocultar la situación financiera real” y que Santiago Hazim logró enriquecimiento ilícito por RD$2,881,337,217.15 y crecimiento de patrimonio con la adquisición de bienes de lujo.
