Medios Panorama
Por: Enmanuel Santana | Corresponsal en Europa
Eran las tres de la madrugada del 9 de marzo de 2025 cuando los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso de una pelea en la Travessera de Les Corts, en el corazón del barrio de Collblanc. Al llegar, encontraron a un joven con una mano completamente amputada por un arma blanca. La reyerta había comenzado en un bar dominicano del barrio. Tres meses antes, en diciembre de 2024, cinco hombres de nacionalidad dominicana dispararon al menos seis veces contra un grupo de marroquíes en la avenida Amadeo Torner. Y en mayo de 2026, un nuevo tiroteo al amanecer en la rambla Catalana dejó cinco casquillos de balas en el asfalto y la imagen de un establecimiento dominicano cercado por agentes del ARRO (unidades tácticas de reserva de los Mossos d’Esquadra) con material balístico.
Los hechos son reales. Los titulares, también. Pero entre el suceso y la generalización hay otra historia que casi nunca aparece en los periódicos: la del dominicano que se levanta a las cinco de la mañana para abrir su negocio, la de la madre que lleva a sus hijos al colegio antes de ir a cotizar a la Seguridad Social, la del emprendedor que pidió un préstamo al banco para montar su restaurante y que hoy tiembla cada vez que ve una patrulla aparcarse en la puerta. Esa historia –la de 30.000 personas que trabajan, pagan impuestos y construyen una vida lejos de su tierra– es la que más tarda en llegar a las portadas de los periódicos en España.
L’Hospitalet de Llobregat es un municipio de Cataluña con 292.161 habitantes censados en enero de 2025 y una población extranjera que supone el 27,3% del total, muy por encima de la media nacional del 8,9%. La segunda ciudad más poblada de Cataluña tiene la densidad demográfica de una metrópolis europea comprimida en apenas 12,4 kilómetros cuadrados: con 22.770 habitantes por kilómetro cuadrado, es una de las ciudades más densamente pobladas de la Unión Europea.
En los años 50 y 60 recibió oleadas de familias llegadas de Andalucía, Extremadura y Murcia. Hoy, otra ola migratoria ha transformado de nuevo sus calles. Entre los acentos del paisaje cotidiano de Collblanc, La Torrassa o Santa Eulàlia destaca el dominicano: una población alegre que paradójicamente, en los últimos 18 meses han protagonizado más de 400 titulares que los vinculan al crimen.
“La ausencia de datos desagregados hace estadísticamente inverificable cualquier afirmación que señale a los dominicanos como responsables de la delincuencia en L’Hospitalet de Llobregat”.
UNA ESTADÍSTICA QUE ACUSA SIN DISCRIMINAR
En materia de delincuencia, los datos de criminalidad de L’Hospitalet arrojan 78,6 infracciones por cada 1.000 habitantes, cifra que supera la media de los municipios comparables de 48,8, según el Ministerio del Interior 2025. En el primer trimestre de ese año, L’Hospitalet registró un crecimiento de la criminalidad del 13% respecto al mismo período del año anterior, situándose como el tercer municipio catalán con mayor incremento.
Las cifras son objetivas. Lo que no lo es, necesariamente, es la interpretación. Porque cuando se busca en los datos oficiales quién delinque en Cataluña y de qué origen nacional es, el sistema revela sus propias grietas. El informe de criminalidad de 2024 de los Mossos d’Esquadra solo incluye información segmentada por en cuatro tipos de delito: tráfico de drogas, delitos contra la libertad sexual, robos con nacionalidad violencia e intimidación y ocupación de viviendas. El resto de la actividad delictiva queda, de momento, fuera de foco.
Lo que sí existe es un retrato parcial pero elocuente: de las 637 personas que en 2024 acumularon siete o más detenciones en Cataluña, el 57,5% eran originarias de Marruecos y Argelia. Los dominicanos no figuran entre los grupos con mayor reincidencia en los datos públicos disponibles. Del total de 46.996 detenciones practicadas por los Mossos en Cataluña en 2024, el 65,5% corresponden a personas con nacionalidad extranjera, una sobrerrepresentación respecto al peso real de la población inmigrante, pero que no permite identificar a ningún colectivo nacional concreto como el «principal responsable» de la delincuencia.
La brecha entre esa realidad estadística y el relato mediático es, precisamente, la herida abierta que Periódico Panorama intenta describir.
«SOMOS MÁS LOS QUE TRABAJAMOS QUE LOS QUE DELINQUEN»
Yeny Batista lleva años ejerciendo como abogada y empresaria en Barcelona. Habla con la precisión de quien conoce los dos lados de la ley y la experiencia de quien ha tenido que defenderlos desde el mismo lado.
«Tenemos un porcentaje muy pequeño que está generando una percepción de que todos los dominicanos somos delincuentes. Necesitamos más referentes de personas que no estamos cometiendo estos delitos, para que tanto la sociedad receptora como nosotros mismos veamos que somos más los que estamos trabajando, aportando y pagando impuestos.»
— Yeny Batista, abogada y empresaria.
Pero Batista no solo habla de imagen; habla de consecuencias concretas sobre la identidad y la libertad de movimiento de miles de personas. «Esta narrativa incide en muchos aspectos de del ciudadano», afirmó. «Lo primero: una persona de nacionalidad dominicana con aspecto dominicano es probablemente más proclive a que la policía la detenga para revisarla. Ya tienen la consideración de que un dominicano o vende droga o está robando; entonces desde el momento en que ven a un dominicano en un vehículo y bien vestido, piensan: ‘¿Cómo tiene este BMW? Vamos a revisar a ver cómo lo ha conseguido’.» Un signo de prejuicio, como ella misma lo calificó.
Al tiempo que reconoce el derecho de la policía a actuar, Batista es igualmente clara en señalar los límites legales de esa actuación. «Si la policía los intercepta, los detiene, ha de hacerlo», señaló. «Ahora bien, si una persona es constantemente revisada, también tiene derecho a poner en conocimiento de las autoridades que pudiera estar siendo objeto de discriminación.» Incluso, agregó, existe el recurso del Defensor del Pueblo si los agentes actúan de forma desproporcionada. «Vamos a comportarnos y también vamos a exigirle a las autoridades que sean proporcionadas en sus actuaciones, que no limiten derechos precisamente a los que se están portando bien.» Precisó la jurista.
ANTIDISTURBIOS EN UN BAR DE CERVEZA Y DOMINÓ
Mercedes Cuevas tiene un bar-restaurante en L’Hospitalet. Nos relata que no vende sustancias ilícitas. Vende cervezas y, desde hace un tiempo, comida. «Gracias a Dios no me está yendo mal», dice. Pero desde el 2019, según su propio testimonio, no conoce la tranquilidad con las autoridades. Abre a las diez de la mañana y cierra a las doce de la noche. Conoce a sus clientes por su nombre y los anota porque algunos días tienen para pagar y otros no.
«La policía llega a los negocios, me registra el móvil, me abre la caja, me pregunta si vendo pastillas para estimulación sexual, me pregunta muchísimas cosas y ellos se ríen, se burlan; yo se lo digo: ustedes se burlan.»
— Mercedes Cuevas, propietaria de bar-restaurante.
Lo que más la indigna no es la visita, sino la desproporción del destino. «Hay negocios grandes que, si tienen un aforo de 100, le meten 300, y ellos por ahí no van. Ellos van donde nosotros porque nosotros les tenemos miedo.» Y cuando la policía llega, el daño económico es inmediato: los clientes salen corriendo sin pagar. El miedo no distingue entre inocentes y culpables; vacía el local por igual. Cuevas describió también la imagen que más ha impactado a la comunidad: agentes que llegan a los establecimientos vestidos con indumentaria de antidisturbios, como si detrás de la barra de un bar de cerveza y dominó aguardara una amenaza de primer orden.
Blairis Rivas, dueño de un bar-cafetería en la misma ciudad, no ha tenido enfrentamientos directos con la policía, al menos por ahora; pero se solidariza con quienes sí los tienen. «Las autoridades tienen que hacer su trabajo», reconoció con pragmatismo. Luego lanzó la pregunta que subyace a todo este reportaje:
«Si yo no estoy haciendo nada, si no hay un problema, ¿por qué tienen que entrar y echan la gente para afuera o tumbarla en el suelo pidiendo documentos como si estuvieran buscando a una persona de gran importancia?»
— Blairis Rivas, propietario de bar-cafetería
EL EXCÓNSUL CÉSAR MENDEZ, LLAMA AL DIÁLOGO
César Méndez, excónsul dominicano en Barcelona, tiene una mirada más institucional sobre el conflicto, pero no menos clara. Reconoce que existen otros colectivos con tasas de criminalidad estadísticamente más elevadas que no reciben el mismo escrutinio público. «Hay sectores que responden a otras nacionalidades que estadísticamente hablando pudieran estar muy por encima en cuanto a temas de criminalidad y de delitos», señaló.
Y apuntó a lo que considera el verdadero error estratégico de la comunidad: «Los dominicanos que entendemos que debemos hacer aportes desde nuestro conocimiento, tenemos que rápidamente acudir a esas autoridades para tener un diálogo sincero y ver cómo las cosas van mejorando.» La presión y la confrontación, advirtió, no benefician a nadie. «Ni conviene a la autoridad local ni nos conviene a nosotros como colectivo que haya una especie de enfrentamiento que en el fondo no existe.»
UN INCENDIO ALIMENTADO POR LOS TITULARES
Los medios locales y nacionales han cubierto con amplitud los incidentes en los que aparecen dominicanos. El tiroteo de mayo de 2026 en la rambla Catalana fue reportado con la mención expresa de que los autores se refugiaron en un «bar dominicano problemático». Ese establecimiento, el bar Josué, ha sido señalado como uno de los casos destacados dentro del dispositivo policial del Plan Nautilus en L’Hospitalet, una operación conjunta entre la Guardia Urbana y los Mossos para frenar actividades incívicas e irregulares en locales de ocio. El propietario del bar entregó voluntariamente las grabaciones de sus cámaras de seguridad a los investigadores, dejando en evidencia que él también fue víctima de quienes usaron su establecimiento como escenario de conflictos ajenos.
En febrero de 2025, un individuo de origen dominicano disparó contra un compatriota en la plaza Guernica. Un mes después, los investigadores cotejaban si ese tiroteo y los ocurridos simultáneamente en Terrassa respondían a un mismo patrón de violencia entre grupos. De confirmarse, no serían hechos aislados, sino parte de una red de conflictos que trasciende los límites de un barrio o una comunidad.
Pero ese contexto —la complejidad, los matices, la distinción entre individuos y colectivos— raramente sobrevive al ciclo de noticias. Lo que queda en la memoria de los lectores es la cadena de etiquetas: dominicano, tiroteo, bar, apuñalamiento, amputación. La misma lógica que llevó a Deisy Ferreras, propietaria de un restaurante de comida dominicana, a lanzar un llamamiento sin rodeos:
«Hago un llamado a las autoridades, principalmente del ayuntamiento, a que se reúnan con nosotros, que hablen con nosotros, que nos digan qué quieren, qué quieren que cambiemos, qué quieren que hagamos.»
— Deisy Ferreras, propietaria de restaurante
EL COMERCIANTE Y EL RUIDO QUE SE CONFUNDE CON VIOLENCIA
Ricardo Cruz es empresario en la joyería BARC. «El problema no son los comerciantes; son trabajadores que se han endeudado, que han creído en este país y que están luchando por ese sueño», sostuvo. Y añadió algo que los datos no recogen pero que los vecinos reconocen: «Muchas veces no es que sea una problemática de violencia, quizá es más un asunto de ruido, porque los dominicanos son alegres y a veces no se entiende, y se piensa que porque hablen duro, se rían o jueguen dominó están peleando, y no es así.»
Juan Guillermo Díaz, conocido como Milton, preside la Asociación de Comerciantes Latinos de L’Hospitalet. Su diagnóstico es más severo:
«Todos los abogados saben que nos están maltratando. Incluso los que son amigos muy cercanos de los que están ahora mismo en el poder en L’Hospitalet, pero nadie hace nada.»
— Juan Guillermo Díaz (Milton), presidente Asociación de Comerciantes Latinos.
EL VACÍO ESTADÍSTICO QUE PERMITE TODO
Aquí reside el nudo del problema: los datos específicos sobre criminalidad en L’Hospitalet no se publican por nacionalidad a nivel municipal. El Ministerio del Interior español ofrece estadísticas provinciales y, en algunos casos, por tipo penal y origen extranjero, pero no un desglose municipal que permita establecer con rigor qué porcentaje de los delitos en L’Hospitalet son cometidos por personas de origen dominicano. En la ciudad de Barcelona, el 68% de los delitos en los primeros meses de 2025 tienen como autores a ciudadanos de nacionalidad extranjera, según datos del Departamento de Interior de la Generalitat, pero esa cifra no distingue entre las decenas de nacionalidades que conviven en el área metropolitana.
Esa laguna estadística es, paradójicamente, el combustible de la narrativa. Cuando los datos no están desagregados, cualquier titular puede llenar el vacío. Y lo que llenan, repetidamente, son los rostros de los mismos 30.000 vecinos que van al trabajo, llevan a sus hijos al colegio y pagan el alquiler.
El propósito de este trabajo no es absolver ni condenar. Los incidentes violentos en los que aparecen implicadas personas de origen dominicano son hechos condenables, documentados, graves y merecedores de cobertura. Pero el periodismo tiene la responsabilidad de contar lo que pasa, y sobre todo, a quién le pasa y cómo le pasa.
Los dominicanos en L’Hospitalet, han esperado que se cuente con justicia su historia. Al menos aquí lo hemos intentado. Y esperamos que con este mensaje llegue la voz de alarma a las autoridades locales y a nuestros representantes consulares que tienen pendiente una reunión con los comerciantes, una conversación con los vecinos y una revisión honesta de los protocolos de intervención en los locales de ocio.
“El río suena. Pero no toda el agua es la misma”.