Los miembros opositores de la comisión especial encargada de investigar presuntas faltas en la Cámara de Cuentas han expresado su negativa a respaldar un posible juicio político. Alegan que consideran esta medida como «extrema» y argumentan que no existen ilícitos que justifiquen su aplicación.
No obstante, los opositores han propuesto la aplicación de sanciones dirigidas hacia los miembros titulares del órgano de control. Esta propuesta busca establecer consecuencias para aquellos responsables de las posibles irregularidades detectadas durante la investigación.
Por su parte, los miembros oficialistas de la comisión especial han mostrado su desacuerdo con la postura de los opositores. Insisten en la necesidad de llevar a cabo un juicio político para salvaguardar la integridad y la credibilidad de las instituciones estatales.