Denuncian acciones del Tribunal Superior Electoral
Santo Domingo.-La Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP) expresa su preocupación ante una reciente decisión del Tribunal Superior Electoral, en la que esta entidad se atribuyó de manera irregular la competencia para conocer una acción de amparo relacionada con un conflicto interno en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), un gremio profesional.
El Secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, Raúl Martínez, advierte a la ciudadanía sobre la necesidad de permanecer vigilantes ante decisiones que socavan la credibilidad de este órgano constitucional. Martínez califica la conducta del Tribunal Superior Electoral como «anómala y decepcionante», cuestionando su credibilidad justo en el periodo previo a las asambleas electorales de febrero y mayo.
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Martínez señala que la actuación del Tribunal Superior Electoral desatiende el artículo 214 de la Constitución, el artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral y varias decisiones del Tribunal Constitucional, que establecen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos.
El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo critica la atribución irregular de competencias por parte del Tribunal Superior Electoral, que excede sus facultades constitucionales y legales. También destaca la contradicción al admitir el conocimiento de una acción de amparo que no guarda relación con la protección de derechos fundamentales, según lo establecido por el Tribunal Constitucional.
La postura errática de los jueces del Tribunal Superior Electoral genera desconfianza e incertidumbre, especialmente dado su papel crucial en la resolución de conflictos jurídicos durante el próximo proceso electoral. Martínez destaca la importancia de que la opinión pública permanezca alerta.
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Martínez concluye reiterando el llamado de la Fuerza del Pueblo al Gobierno del PRM para que renuncie a su intento de controlar el Colegio de Abogados, respetando la decisión mayoritaria de la comunidad jurídica nacional expresada en las últimas elecciones del CARD.
