El 15 de este mes fue promulgada, por el presidente Luis Abinader, la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual ha generado un malestar en diferentes sectores de la sociedad dominicana, provocando que incluso, representantes de las iglesias católica y evangélica se pronuncien en contra.
El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, manifestó que la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones, sería un “jaque mate” a la libertad de expresión y a otros derechos humanos.
Asimismo, el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández calificó el reglamento como un retroceso institucional y que cada ciudadano está sujeto al capricho de quien dirija la DNI, sin que exista la duda de que se ha cometido una infracción a las leyes penales.
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“Eso no se puede aceptar, es un retroceso a la democracia y tenemos que enfrentarla porque es una ley inconstitucional”, manifestó ayer el exmandatario durante un recorrido por los barrios de Puerto Plata.
En tanto, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) la denominó como “Ley Dictadura” y como el mayor desacierto legislativo en la historia de República Dominicana, que podría ser usada, para un férreo control político, digital, social y mediático de los contrarios al régimen de turno.
Mientas que el expresidente del Colegio de Periodistas y exdiputado, Rafael Méndez, advirtió que esa norma legal podría tener “fines inconfesables”.
“Los argumentos utilizados por el gobierno, a través de sus voceros más calificados, pretendiendo justificar la creación de la DNI son falaces y engañosos, porque la realidad es que la delincuencia y el crimen organizado son problemas que pueden ser abordados con las instituciones de seguridad y justicia existentes”, dijo.
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El abogado Juan Morel, coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa de la República Dominicana, consideró que esa ley, lejos de cumplir con su rol, lacera los derechos constitucionales, y llena de confusión todo el andamiaje de la inteligencia del país.
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) considera que la nueva Ley 1-24 que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) limita y vulnera en «todo el sentido de la palabra» los derechos fundamentales adquiridos por la ciudadanía en cuanto a la libertad, el derecho a la privacidad y el secreto profesional.
El pastor Feliciano Lacen Custodio, dijo que es lamentable que surja esta ley después de haber avanzado en los últimos 12 años en tener una nueva Constitución y leyes que amparan y protegen el derecho, que reta y motiva a los ciudadanos a regirse por los valores y principios fundamentales de la dignidad humana, la que reconoce como valor supremo que sustenta el reconocimiento y el ejercicio de los derechos y deberes consagrados en su texto.
A continuación compartimos la Ley 1-24: Ley-1-24