Panorama Nacionales._ Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, acudió a la Procuraduría General de la República para informar sobre casos de ciudadanos que han denunciado presuntos actos de corrupción administrativa. La visita busca reforzar la coordinación entre instituciones ante estas situaciones.
Ortiz Bosch expresó preocupación por la posibilidad de que denunciantes o testigos puedan enfrentar represalias legales o administrativas. Por ello, consideró necesario poner el tema en manos del órgano responsable de la persecución penal.
La funcionaria explicó que en agosto de 2025 la DIGEIG recibió una denuncia sobre supuestas irregularidades en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON). Tras las investigaciones iniciales, se determinó que el caso tenía carácter penal.
En consecuencia, el expediente fue remitido al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Este proceso se realizó conforme a lo establecido en la Ley 133-11.
Ortiz Bosch también informó que se trabaja en una propuesta normativa para fortalecer la protección de denunciantes, informantes y testigos. Además, reiteró el compromiso del Gobierno de respaldar a quienes denuncien irregularidades y garantizar el debido proceso.