Panorama Nacional._ El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales declaró de urgencia ambiental e hidrológica la intervención integral del río Nizao, ante el avanzado deterioro que presenta su cauce tras décadas de extracción indiscriminada de materiales. La disposición abarca el tramo comprendido entre el contraembalse de Las Barías y la desembocadura del afluente en el mar Caribe.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 0017-2026 y contempla trabajos de readecuación, restauración y remediación ambiental para recuperar la estabilidad del río. Las autoridades buscan además disminuir los riesgos de inundaciones que afectan a comunidades y estructuras cercanas durante temporadas de fuertes lluvias.
El ministro Paíno Henríquez explicó que la intervención se sustenta en estudios técnicos realizados por distintas instituciones vinculadas a la protección ambiental y manejo de recursos hídricos. Los informes detectaron graves procesos de sedimentación, desviación del cauce y pérdida de capacidad hidráulica en gran parte de la cuenca.
Henríquez sostuvo que el objetivo principal es proteger vidas humanas y restaurar un ecosistema afectado por intervenciones ilegales y prácticas inadecuadas desarrolladas durante años. Agregó que el plan incluye programas obligatorios de revegetación y recuperación de franjas ribereñas en las cuencas media y alta del río Nizao.
El ministerio indicó que la iniciativa toma como referencia experiencias implementadas anteriormente en la cuenca del río Haina, donde se lograron mejoras en la capacidad hidráulica y reducción de riesgos ambientales. La entidad aclaró que las labores anunciadas no corresponden a actividades de explotación minera comercial, sino a trabajos técnicos de estabilización y saneamiento ambiental.
La resolución también ratifica la prohibición de operaciones mineras en zonas de inundación cercanas a cuerpos de agua y ordena la participación de organismos de vigilancia ambiental y autoridades locales en el seguimiento del proceso. Con esta intervención, las autoridades buscan reducir la vulnerabilidad de comunidades y actividades productivas, además de fortalecer la adaptación frente a los efectos del cambio climático.