Panorama Nacional. En el marco del Día Nacional del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, calificó en su discurso de este martes la mora judicial como un «reto existencial» y compartió ejemplos de casos que evidencian la gravedad de los atrasos.
“Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes. Por ejemplo, una madre en Puerto Plata cuya humilde casa fue destruida por un incendio, esperó 13 años para que se resolviera su caso”, aseguró Molina.
Entre los logros destacados, mencionó la resolución de más del 98% de los 11,268 casos ingresados en 2023, dejando solo 561 pendientes. Asimismo, resaltó que tribunales como la Segunda Sala Penal han resuelto todos los casos del año pasado en un plazo máximo de seis meses. Además, desde junio de 2019, la SCJ ha solucionado un total de 47,986 casos.
De cara al futuro, la SCJ tiene como objetivo completar la digitalización de todos los fallos desde 1913 y ejecutar un Plan Nacional de Infraestructura Judicial. También se priorizará la reducción de la mora en jurisdicciones críticas como la penal e inmobiliaria, con énfasis en zonas de alta densidad poblacional. Molina destacó la necesidad de fomentar soluciones alternas de conflictos, modernizar procesos y mejorar la interoperabilidad entre actores del sistema judicial.
“El gran desafío de la mora persiste. No descansaremos hasta que ninguna persona tenga que vivir en la incertidumbre por falta de justicia. Ese es nuestro compromiso”, expresó.
Molina destacó que, gracias a la implementación de herramientas digitales, el 100% del Poder Judicial ya opera con firma digital, agilizando los procesos con mayor rapidez y seguridad.
Además, más de 6,000 usuarios pueden gestionar casos y realizar trámites a través del Portal de Acceso Digital, un avance significativo que ha permitido a la ciudadanía consultar y gestionar expedientes en línea en la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Administrativo y tribunales civiles.
“El próximo reto es lograr que todos los actores del sistema judicial se integren a este proceso,”, aseguró Molina.
Durante su discurso, Molina destacó los avances logrados en los últimos años en términos de confianza, ética y digitalización del sistema judicial dominicano.
Según datos del World Justice Project , República Dominicana avanzó ocho posiciones en el Índice de Estado de Derecho, consolidando su posición como uno de los países con mayor mejora en la región. A esto se suma el aumento de cuatro puntos en la confianza ciudadana en la justicia desde 2020, de acuerdo con el informe Latinobarómetro 2024 .
Actualmente, el país se encuentra por encima de naciones como Brasil, Chile y Panamá, siendo superado solo por Uruguay y Costa Rica.
“La ética y la rendición de cuentas son fundamentales para consolidar una relación de confianza con la sociedad”, afirmó Molina. Subrayó que estas cualidades, junto con la capacidad de las juezas y jueces de aplicar correctamente el Derecho, han sido claves para reforzar la independencia judicial y acercar la justicia a los ciudadanos.
La SCJ también impulsa una agenda internacional que incluye la organización de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana en mayo de 2025, un espacio para compartir buenas prácticas y fortalecer la independencia judicial en la región.
Con estas medidas, el Poder Judicial busca reafirma su compromiso de transformar el sistema judicial dominicano, centrado en la eficiencia, accesibilidad y confianza de la sociedad.