La mezquindad contra la vida: el debate por la cobertura mínima en los seguros de ley
Panorama opinión. En este país, donde la vida parece valer menos que el metal de los vehículos que nos aplastan en las calles, se sigue discutiendo lo que debería ser obvio: aumentar la cobertura mínima del seguro de responsabilidad civil. Porque nadie con un ápice de sensibilidad puede justificar que, en pleno siglo XXI, un seguro de ley apenas alcance para cubrir una mínima parte de los daños que provoca un accidente de tránsito.
Aquí la pregunta es sencilla: ¿vale más un carro chocado que la vida o la integridad de un ser humano? Porque a como están las cosas, el sistema responde con un silencio brutal, casi criminal.
Y es ahí donde entra en escena Antonio Marte, senador de la República y presidente de Conatra, quien se ha plantado frente a la Superintendencia de Seguros y al propio SIS, exigiendo que se suspendan las resoluciones que ordenan el aumento del monto mínimo de cobertura en los seguros de ley. Según Marte, esas medidas no hacen más que encarecer los costos de los transportistas, golpeando al sector choferil que ya vive con la soga al cuello.
Pero conviene hacerse otra pregunta: ¿es justo que, en nombre de la protección del bolsillo de los transportistas, se mantenga una cobertura ridícula que deja a las víctimas prácticamente desamparadas? Porque, mientras los choferes reclaman menos cargas, los familiares de los muertos y heridos en accidentes se ven obligados a mendigar, a hipotecar lo poco que tienen, o a resignarse a que su tragedia no tiene reparación.
Lo que está en juego no es la rentabilidad de un sector, sino la dignidad humana. Y ahí es donde la discusión debe ser clara: si la República Dominicana quiere avanzar hacia un país más justo, debe reconocer que la vida no puede seguir cotizándose a precio de saldo en las pólizas de ley.
El Estado, a través de sus instituciones, tiene la responsabilidad de equilibrar la balanza. No se trata de asfixiar a los transportistas con medidas inviables, pero tampoco de mantener una legislación complaciente que termina siendo cómplice de la impunidad. Una cobertura mínima de responsabilidad civil justa y razonable es un derecho de la ciudadanía, no un privilegio de las aseguradoras ni un capricho del gobierno.
Lo que está en juego no es la rentabilidad de un sector, sino la dignidad humana. Y ahí es donde la discusión debe ser clara: si la República Dominicana quiere avanzar hacia un país más justo, debe reconocer que la vida no puede seguir cotizándose a precio de saldo en las pólizas de ley.
Por eso, más allá de los discursos inflamados de Antonio Marte, lo que urge es que el Congreso, el SIS y las aseguradoras se sienten de una vez por todas a diseñar una cobertura mínima que realmente responda a la realidad social del país. Porque cada día que pasa, hay una nueva familia que descubre en carne propia lo que significa que la vida de su ser querido valga menos que una goma de guagua.
