Por Edwin R. Ricardo C.
Panorama opinión. ¿Debe el Estado tratar por igual la formación de un niño que aprende a leer y escribir y la formación de un científico que investiga nuevas terapias contra el cáncer? ¿Puede una misma estructura institucional responder con igual eficacia a los desafíos de la alfabetización escolar y al desarrollo de una política nacional de ciencia, tecnología e innovación?
La intención propuesta de eliminar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) asignando sus funciones al Ministerio de Educación (MINERD) plantea este dilema con una claridad inquietante. No se trata, como se quiere presentar, de una simple medida administrativa para “reducir duplicidades” o “hacer más eficiente el gasto”. Se trata de una redefinición profunda del modelo de Estado, de su concepción de la educación y de su apuesta —o renuncia— por el conocimiento como motor estratégico de desarrollo.
Hay mucha más de una razón por la cual estos dos ministerios han existido de forma separada en los países que más han avanzado en educación y ciencia. La educación básica y media está orientada a la formación general de ciudadanos: busca garantizar competencias mínimas, fomentar la inclusión, atender el rezago, organizar a escala masiva los aprendizajes fundamentales. Su escala es amplia, su lógica es homogénea, su enfoque es necesariamente pedagógico y administrativo.
La educación superior, en cambio, se mueve en otra dimensión: es un espacio de creación de conocimiento, de diálogo académico internacional, de investigación científica y de formación altamente especializada. Aquí operan principios distintos: la autonomía universitaria, el rigor metodológico, la libertad de cátedra, la evaluación entre pares, la planificación a largo plazo. El MESCyT ha sido hasta ahora la plataforma que articula esa complejidad, que conecta al país con las redes científicas globales, que estructura los programas de becas en áreas estratégicas, que financia proyectos de investigación y que promueve una visión de futuro sustentada en la innovación.
Confundir esas dos lógicas —y peor aún, intentar unirlas bajo una misma estructura política— es un error de diseño institucional que traerá consecuencias graves. No es una opinión ideológica: es un hecho técnico. En ningún país con desempeño exitoso en ciencia y tecnología se ha tomado el camino de la fusión. Por el contrario, países como Chile, Colombia o Uruguay han fortalecido sus ministerios y agencias de ciencia e innovación como instancias especializadas, con autonomía operativa y visión estratégica.
El argumento de que esta medida busca ahorrar recursos públicos es débil. En primer lugar, no se ha demostrado que una fusión de esta naturaleza genere ahorros reales. En segundo lugar, incluso si lo hiciera, estaríamos hablando de un “ahorro” mínimo a costa de una pérdida enorme: la pérdida de capacidades técnicas, de especialización institucional, de interlocución internacional, de protección del pensamiento crítico. Y en tercer lugar, una interpretación errada de la eficiencia no puede convertirse en una excusa para desmontar lo que funciona. Lo público no debe medirse únicamente en términos contables, sino en términos de valor estratégico para la nación.
Además, está el tema de la autonomía universitaria, consagrada en nuestra Constitución. Al subordinar las políticas de educación superior a un “Superministerio” con enfoque escolar, se corre el riesgo de erosionar esa autonomía, de imponer visiones centralistas, de homogeneizar lo que por esencia debe ser diverso y plural. El pensamiento universitario requiere libertad, pero también estructuras que lo resguarden. El MESCyT, hasta el momento, ha sido una de ellas.
Creo en la necesidad de un Estado moderno, sí. Pero moderno no es sinónimo de simple. No toda simplificación es avance. A veces, simplificar estructuras complejas solo sirve para concentrar poder, diluir responsabilidades o facilitar el control político de áreas que deberían estar protegidas por su relevancia estratégica.
La educación superior, la ciencia y la tecnología son, hoy más que nunca, pilares de la soberanía nacional. En un mundo donde las guerras ya no se libran solo con armas, sino con datos, algoritmos y conocimiento, debilitar nuestra institucionalidad científica es un acto de irresponsabilidad histórica.
Un llamado a la sociedad a defender el sistema de educación superior no es un asunto exclusivo del sector académico. Nos concierne a todos: a los jóvenes que aspiran a mejores oportunidades, a los investigadores que trabajan para transformar el país, a las familias que apuestan por la movilidad social a través del conocimiento.
Republica Dominicana necesita reformas, pero no cualquier reforma. Necesita visión, necesita estrategia, necesita responsabilidad. Y, sobre todo, necesita preservar aquello que nos proyecta hacia el futuro. Porque si el Estado deja de proteger la inteligencia, lo que vendrá no será eficiencia, sino oscuridad.
