Panorama Opinión. Desde 1992, República Dominicana ha seguido una misma lógica fiscal: cuando el Estado necesita más recursos, aumenta impuestos, amplía gravámenes o recurre al endeudamiento. Sin embargo, después de más de tres décadas aplicando esta fórmula, seguimos enfrentando los mismos problemas estructurales: déficit fiscal permanente, crecimiento sostenido de la deuda, elevada evasión, alta informalidad y una economía cada vez más dependiente de exenciones e incentivos especiales.
La pregunta es inevitable: si hemos recaudado más, ¿por qué seguimos teniendo los mismos problemas?
La respuesta es que el problema dominicano no es únicamente de ingresos. Es de diseño.
Durante años se ha defendido la idea de que más gasto público y más recaudación generan desarrollo. Pero la evidencia demuestra que el crecimiento sostenible no nace de un Estado cada vez más grande, sino de una economía cada vez más productiva.
La riqueza no surge de los impuestos. Los impuestos surgen de la riqueza.
Por eso resulta revelador que República Dominicana mantenga una tasa corporativa de 27%, superior a la de países como Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. Estas economías, reconocidas por sus amplios sistemas de bienestar, han comprendido que castigar excesivamente la inversión termina reduciendo la capacidad de generar empleos, innovación y crecimiento.
Pero existe un problema aún más preocupante.
No solo tenemos una estructura tributaria poco competitiva. También tenemos una estructura de gasto desequilibrada.
Cuando el Estado invierte en infraestructura, puertos, carreteras, sistemas de agua, energía, educación técnica o tecnología, crea activos que aumentan la productividad nacional. Ese gasto genera retorno económico y social.
Sin embargo, cuando una proporción creciente del presupuesto se destina a gasto corriente, burocracia, subsidios permanentes y estructuras administrativas cada vez más costosas, el resultado es distinto: se consume riqueza sin crear nueva capacidad productiva.
La situación se vuelve aún más delicada cuando el endeudamiento se utiliza para financiar gasto corriente en lugar de inversión de capital. Es la diferencia entre tomar un préstamo para construir una fábrica o tomarlo para pagar gastos de consumo. Uno genera riqueza futura; el otro genera dependencia.
Por eso el debate no debe limitarse a cuánto recauda el Estado, sino a qué hace con los recursos que recibe.
A esto se suma otro problema crítico: la informalidad.
Más de la mitad de los trabajadores dominicanos permanece fuera del sistema formal porque formalizarse suele representar más obligaciones que beneficios. Ninguna estrategia basada únicamente en fiscalización resolverá esa realidad.
La formalización debe convertirse en una oportunidad.
Por eso propongo la creación de un monotributo simplificado que permita la incorporación masiva de pequeños negocios al sistema formal, acompañado de incentivos reales: acceso preferencial a créditos del Banco de Reservas y Promipyme, tasas favorables de financiamiento, capital de trabajo y facilidades para crecer.
La mejor manera de reducir la informalidad no es perseguir a quienes están fuera del sistema. Es hacer que valga la pena entrar.
República Dominicana necesita una reforma integral basada en cinco pilares.
Primero, reducir gradualmente el Impuesto Sobre la Renta corporativo desde 27% hasta niveles cercanos a 22%, aumentando nuestra competitividad frente a otros países de la región.
Segundo, reducir el ITBIS para ampliar la base tributaria y disminuir los incentivos a la evasión.
Tercero, implementar un monotributo moderno vinculado al acceso al crédito productivo a través de Banreservas y Promipyme.
Cuarto, revisar las exenciones existentes y mantener únicamente aquellas que demuestren beneficios económicos medibles y verificables para el país.
Quinto, imponer una verdadera disciplina presupuestaria que reduzca el gasto improductivo y priorice la inversión de capital sobre el gasto corriente.
Si continuamos acumulando déficits, aumentando deuda, expandiendo gasto corriente, manteniendo exenciones sin evaluación rigurosa y tolerando niveles de evasión e informalidad que superan cualquier estándar razonable, estaremos comprometiendo el futuro de las próximas generaciones.
La República Dominicana aún tiene tiempo para corregir el rumbo.
Pero el camino no pasa por seguir aumentando impuestos para financiar un modelo agotado.
Pasa por construir un sistema más simple, más competitivo y más orientado al crecimiento.
Porque ningún país se ha desarrollado gravando cada vez más una economía que produce cada vez menos.
Los países que prosperan son aquellos que entienden una verdad fundamental: el crecimiento económico no es el enemigo de la igualdad. Es la condición indispensable para alcanzarla.
La verdadera reforma fiscal que necesita República Dominicana no es una reforma para recaudar más. Es una reforma para crecer más.
Y esa diferencia puede definir el futuro económico de la nación durante las próximas décadas.
