Invasiones ilegales amenazan el desarrollo sostenible en la vía panorámica de la Autopista 6 de Noviembre
Por Nelson Pimentel
Panorama Opinión. La vía panorámica de la Autopista 6 de Noviembre concebida como un corredor estratégico para el desarrollo integral de San Cristóbal, enfrenta una seria amenaza ante el avance sostenido de ocupaciones ilegales promovidas por grupos organizados. Estas estructuras mafiosas manipulan la necesidad de familias vulnerables para instalar asentamientos irregulares que luego son utilizados como instrumentos de especulación inmobiliaria.
Tras generar cinturones de miseria, estas tierras terminan siendo adquiridas a precios ínfimos por sectores inescrupulosos, en abierta violación al ordenamiento territorial, a las leyes ambientales y a la seguridad jurídica de los bienes públicos y privados.
La propia Carta Magna impone al Estado, en su artículo 67, la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, de igual modo en su artículo 194 la de ordenar el territorio en función de su desarrollo sostenible, así como en su artículo 16 la de garantizar la preservación de las áreas protegidas.
Estas disposiciones se complementan con la Ley No. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que obliga a proteger el equilibrio ecológico, sancionar las violaciones ambientales y exigir la intervención de las autoridades para su recta y obligatoria aplicación.
Por su parte, la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios también faculta a los gobiernos locales a regular el uso del suelo, evitando la expansión desordenada y las construcciones clandestinas que violen los planes de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, más aún, así los obliga lo consignado en el artículo 199 de nuestra Carta Magna, facultad recientemente restaurada por sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/1146/23.
En aplicación de la ley, el pasado 21 de marzo de 2025 se realizó un operativo conjunto para recuperar espacios públicos en esta vía panorámica, impulsado por el senador Gustavo Lara, la gobernadora Pura Casilla y el ingeniero Rafael Salazar, apoyados por la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental de la República Dominicana (FUDDEA-RD).
La acción fue ejecutada por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, bajo la dirección del magistrado Francisco Contreras; el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), comandado por el general Camacho Ubiera y la Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional, liderada por el coronel Frías Olegario.
El operativo no solo desmanteló asentamientos ilegales, sino que también reafirmó el compromiso institucional de hacer cumplir las leyes y proteger el territorio sancristobalense. Sin embargo, esta acción debe marcar el inicio de una política pública sostenida y articulada que integre al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Obras Públicas, a los gobiernos municipales y a la sociedad civil y que se extienda a la recuperación de los espacios públicos y de protección de la Ave. Circunvalación, del Cinturón Verde de Santo Domingo y de otras vías que están siendo destruidas de forma acelerada.
La responsabilidad ciudadana también es fundamental. La denuncia oportuna de las invasiones ilegales y la participación activa en la defensa del espacio público son un deber moral y legal, conforme al mandato del artículo 67 de la Constitución, que establece la corresponsabilidad del Estado y la ciudadanía en la protección del medio ambiente y la planificación territorial.
San Cristóbal está en un momento decisivo. La vía panorámica de la Autopista 6 de Noviembre puede convertirse en un ejemplo de desarrollo ordenado o en el testimonio del fracaso de la autoridad pública frente a intereses que priorizan el beneficio particular sobre el bien común. Actuar ahora es un imperativo. El futuro de San Cristóbal y de la región sur depende de la capacidad del Estado y de la sociedad para imponer el respeto a la ley, garantizar la justicia social y preservar el ordenamiento territorial.
