Intervienen sectores de La Altagracia contra robo de electricidad
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Nacional.- La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), en coordinación con la Superintendencia de Electricidad (SIE), realizó un amplio operativo de fiscalización en distintos puntos de la provincia La Altagracia como parte del plan nacional para combatir las conexiones ilegales y garantizar la seguridad del sistema energético.
Durante las intervenciones fueron identificados usuarios reincidentes que serán sometidos a procesos judiciales por presuntas violaciones a la Ley General de Electricidad, en perjuicio del sistema energético nacional.
Las acciones se concentraron en los sectores El Hoyo de Friusa, Verón, Downtown y la comunidad de Bávaro, donde las autoridades detectaron decenas de irregularidades y manipulaciones dolosas en infraestructuras pertenecientes al área suplida por el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (Cepem).
El operativo fue encabezado por el titular de la PGASE, procurador de corte José Aníbal Carela, quien aseguró que estas jornadas forman parte de una estrategia permanente de persecución del fraude eléctrico.
“El robo de electricidad es una práctica inmoral y deshonesta que afecta a toda la sociedad. Estamos trabajando 24/7 en el combate de este delito. Nuestra meta es clara: llevar ante la justicia a todo aquel que sustraiga energía de manera ilegal”, expresó Carela.
El funcionario explicó que las intervenciones se desarrollaron de manera simultánea en sectores residenciales y zonas comerciales de alto flujo, con el objetivo de detectar conexiones irregulares y garantizar el cumplimiento de la normativa eléctrica.
Las autoridades exhortaron a ciudadanos y propietarios de establecimientos comerciales a regularizar su situación técnica y legal para evitar sanciones y procesos judiciales.
La PGASE advirtió que los operativos continuarán de manera intensiva en diferentes provincias del país, al tiempo que reiteró que el fraude eléctrico no solo constituye un delito penal, sino que también representa un riesgo para la vida de las personas y la estabilidad del suministro energético nacional.
