Oficina de Atención Permanente de La Romana dicta 18 meses de prisión preventiva en el Caso Guepardo
Medios Panorama | | 2 mins de lectura 
Panorama Judicial.- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de La Romana impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra tres miembros de una red dedicada a la estafa inmobiliaria, asociación de malhechores y lavado de activos, desarticulada en el Caso Guepardo.
La magistrada Margarita Cristo Cristo dictó la medida contra la nacional canadiense Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes cumplirán la medida en los Centros de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y en Najayo Mujeres.
El Ministerio Público, representado por los procuradores fiscales Claudio Cordero, Bienvenido Florentino y Manuel Castro de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Romana, también logró que el tribunal declarara la complejidad del proceso y acogiera la oposición a la venta o traspaso de bienes muebles e inmuebles identificados.
Con sus argumentos, el órgano persecutor consiguió que la magistrada Cristo Cristo rechazara los pedimentos de excepción de constitucionalidad contra la aplicación de la sentencia 765 del 29 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Constitucional, debido a que esta está diferida hasta noviembre de 2025. Asimismo, se rechazó la nulidad del arresto, por haberse respetado los cánones legales al momento de su detención.
- Sobre el Caso Guepardo
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, aprovechando la credibilidad de RE/MAX, una empresa internacional altamente reconocida en el mercado.
La investigación realizada por el Ministerio Público, con el apoyo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) de la Policía Nacional y conforme al informe financiero preliminar de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha identificado que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12.
El pasado viernes 7 de febrero de 2025, las autoridades realizaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se confiscaron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante para el caso. Esto ha permitido al Ministerio Público identificar el modus operandi de la red.
El Ministerio Público ha indicado que las acciones de los imputados constituyen violaciones a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
