Panorama Opinión. El 5 de julio, Venezuela arribó al 150 aniversario de su independencia con un escenario desolador, en el que se mezclan el dolor, la incertidumbre y la expectación dentro y fuera del país por una aparente mala gestión de la crisis para mitigar los efectos devastadores del doble terremoto que asoló el estado de La Guaira, el 24 de junio.
La crisis estructural heredada del Gobierno chavista fue perceptible desde las primeras horas de la tragedia: la ausencia de funcionarios públicos y una estructura de mando para dirigir las acciones que debían encaminarse con premura en las horas críticas de la catástrofe y la cuestionada capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyo despliegue se habría limitado a dar “seguimiento” a los equipos de rescate internacionales que con muchas trabas burocráticas lograron ingresar al país.
Esto último hay que analizarlo desde la óptica de que la misión y la visión del principal cuerpo castrense venezolano cambió con el chavismo. Los riesgos y amenazas se redefinieron para garantizar la permanencia de un régimen desgastado que se abrió muchos frentes.
En esencia, un cúmulo de fallas en la gestión de crisis reflejan el desborde institucional. Las autoridades venezolanas no están preparadas para atender una emergencia humanitaria de esta magnitud.
Es un país que por su ubicación y características está expuesto a fenómenos naturales, como los movimientos telúricos, a propósito de la tensión que genera la interacción de las Placas del Caribe y Sudamericana, de acuerdo a expertos.
Si bien el país andino cuenta con normas antisísmicas, están en cuestionamiento las condiciones del terreno, el diseño y los materiales utilizados para la construcción, como parte de las debilidades institucionales en el cumplimiento normativo.
Se reporta la escasez de personal de los organismos de socorro y de protección civil; así como el colapso del sistema de salud, con hospitales con problemas de infraestructura, carencia de medicamentos y de personal, que ha develado la falta de inversión oportuna en un área esencial para cualquier nación.
Asimismo, la falta de logística, tanto de maquinaria pesada para remover escombros, como de equipos tecnológicos, incluso para contabilizar las víctimas y afectados, recurriendo a la vieja usanza de lápiz y papel.
Es una población expuesta a brotes epidémicos, como ya advirtió la Organización Mundial de la Salud, por la poca calidad del agua y el hacinamiento en los refugios, además de que continua la recuperación de cuerpos, cuyo manejo inadecuado, tal como ha sucedido, puede contribuir a empeorar este eventual escenario.
Otro aspecto a considerar, son los síntomas asociados con el Trastorno de Estrés Postraumático, que suele aparecer cuando hay escenarios de tragedia que afectan la colectividad.
Este lamentable panorama contrasta con la desgastada narrativa oficialista que imputa al “imperialismo” la responsabilidad del declive estructural del país, aunque en esta ocasión, como es de esperarse, es un tanto más cauta al atribuirle a “laboratorios mediáticos” el interés de generar caos en la zona del desastre, cuando se trataba de ciudadanos voluntarios que buscaron todas las formas de desplazarse hasta el lugar para brindar algún tipo de ayuda en las primeras horas, ante la incapacidad oficial.
No se trata tan solo de abordar una crisis desde el punto de vista comunicacional. Un país bien gestionado debe contar con una adecuada planificación, con un sistema logístico funcional y capacidad de respuesta que contemple la prevención, contención y mitigación ante escenarios difíciles de abordar. Solo así se puede reducir el impacto de fenómenos que, como en esta ocasión, exponen el descalabro institucional de una nación con vastos recursos, pero mal administrados.
