Panorama Económico.- El Ministerio de Hacienda y Economía aclaró que la Ley 30-26 sobre Medidas de Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional no establece nuevos impuestos para las suscripciones a plataformas digitales utilizadas por personas físicas, como se ha difundido erróneamente en redes sociales.
La institución explicó que la normativa modifica la tasa de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicada a determinados pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores no residentes, reduciéndola de un 27 % a un 15 %.
Esta disposición abarca pagos relacionados con licencias de software, regalías, derechos de autor, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube contratados por empresas locales a compañías extranjeras.
Según Hacienda, la medida representa un alivio para el sector empresarial, al reducir en doce puntos porcentuales la carga tributaria existente y acercar el tratamiento fiscal dominicano a los estándares aplicados en otros países de la región.
La entidad enfatizó que esta retención aplica exclusivamente en operaciones comerciales entre empresas domiciliadas en la República Dominicana y proveedores ubicados en el extranjero, siendo las compañías locales las responsables de actuar como agentes de retención al momento de efectuar los pagos.
“Hasta la aprobación de la Ley 30-26, estos pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores no residentes estaban sujetos a una retención de 27 %. La nueva disposición reduce esa tasa a 15 % cuando se trate de regalías, derechos, licencias de software, publicidad digital o servicios de almacenamiento en la nube”, explicó la institución.
Asimismo, aclaró que las suscripciones a plataformas de entretenimiento, aplicaciones móviles, servicios digitales de uso personal y cualquier otro servicio contratado directamente por ciudadanos no están sujetos a esta disposición.
Ante las interpretaciones erróneas que han circulado en distintos espacios digitales, el Ministerio de Hacienda y Economía exhortó a la población a consultar los canales oficiales para obtener información precisa sobre el alcance y contenido de la Ley 30-26.