Fondos de Pensiones acumulan rd$7,315 millones en cuentas de afiliados fallecidos que no han sido devueltos a sus familiares
Medios Panorama | | 6 mins de lectura 
Panorama Nacional. -En una respuesta oficial a Panorama fechada el 25 de abril de 2025, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) respondió a una solicitud de acceso a la información confirmando que al 28 de febrero de ese año existían RD$7,315 millones acumulados en cuentas de afiliados fallecidos cuyos familiares aún no han solicitado el beneficio de sobrevivencia. Estos fondos corresponden a 90,985 casos identificados como pendientes al 15 de julio de 2024.
Sin embargo, esta cifra resulta abiertamente contradictoria con las declaraciones realizadas por el propio superintendente en medios de comunicación apenas unas semanas antes, el 11 de marzo de 2025, donde se informó públicamente que existían más de 117,000 cuentas de afiliados fallecidos sin reclamar. Es decir, 26,000 casos adicionales no aparecen en la respuesta institucional entregada por escrito, lo que plantea una seria discrepancia entre el discurso público y la data oficial. ¿Cuánto dinero representan esas cuentas no incluidas? ¿Dónde está ese monto?
Pero el asunto es aún más grave: cuando se le preguntó a la SIPEN en la misma comunicación cuánto dinero permanece acumulado en las cuentas de los casi 3 millones de afiliados inactivos, la respuesta fue escandalosamente evasiva: “Por temas de seguridad de la información, estos montos no son visibles en el sistema”. Una declaración que, en cualquier país con estándares mínimos de gobernanza, debería encender todas las alertas institucionales. Y lo es aún más cuando se considera que, al cierre de mayo de 2025, el propio sistema registra un poco más de 5 millones de afiliados en total, lo que significa que prácticamente la mitad de los registrados están inactivos.
Según los datos oficiales publicados por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) al 31 de mayo de 2025, y analizados por Panorama, se identifican 3,174,826 afiliados inactivos en el sistema previsional dominicano. Esta cifra resulta de restar el total de cotizantes activos (2,242,332) al total de afiliados registrados (5,417,158). La SIPEN no ha detallado el monto que representan estos fondos, ni su distribución, pese a que corresponden a recursos acumulados durante años por trabajadores que en su mayoría ya no están vinculados al sistema laboral formal. A continuación, estimamos su impacto financiero.
Con base en los datos analizados por Panorama, estimamos que el saldo acumulado que podrían mantener los 3.17 millones de afiliados inactivos asciende a una cifra estimada aproximadamente de RD$720,664 millones. Esta proyección se obtiene al multiplicar el saldo promedio por afiliado (calculado en aproximadamente RD$140,270) por la cantidad de inactivos identificados en los registros oficiales de la SIPEN.
Aunque este cálculo es conservador y no distingue entre cuentas activas, mínimas o heredables, nos da una idea de lo que podría ser la magnitud de un fondo dormido que continúa generando beneficios para las AFP, pero permanece sin uso ni destino claro para quienes aportaron.
Estos montos siguen generando intereses anuales para las administradoras. Se estima que el rendimiento promedio anual pudiera rondar entre 6% y 8%, dependiendo del portafolio de inversión de cada AFP. Según la Ley 13-20, las AFP cobran comisiones basadas en el saldo administrado, no en la rentabilidad obtenida ni en la frecuencia de aportes. Eso significa que, incluso si el afiliado está inactivo y no cotiza, la AFP sigue generando ingresos por manejar ese fondo. Sin embargo, no hay información pública que detalle cuánto de ese beneficio corresponde efectivamente a los afiliados inactivos, ni cómo se administra mientras permanecen desconectados del sistema. Además, la falta de desagregación por tipo de afiliado (activo, inactivo, fallecido) impide saber qué proporción de esos fondos corresponde a personas que quizás ni siquiera saben cuánto tienen ahorrado. Esta falta de rendición de cuentas segmentada convierte a los fondos de los inactivos en una zona gris del sistema, donde el dinero existe, pero sus propietarios no lo ven, y las autoridades no lo muestran.
Peor aún, cuando se consultó por la cantidad de solicitudes de devolución de fondos realizadas por dominicanos emigrantes, la respuesta fue que “ese dato no se tabula, porque la ley no contempla esa posibilidad”. En otras palabras, el sistema no sabe cuántos dominicanos han perdido vínculo total con su ahorro previsional al cruzar las fronteras del país. Un limbo legal e institucional que entierra millones en silencio.
La SIPEN reconoce que muchos dejan de aportar por razones estructurales como la informalidad, la cesantía, la discapacidad o el fallecimiento. Pero lo que no admite con igual claridad es que el sistema ha sido incapaz de adaptarse a estas realidades, perpetuando un modelo que sigue generando beneficios para las administradoras, mientras miles de afiliados se desconectan sin retorno. Este sistema de capitalización individual no ha desarrollado herramientas eficaces para proteger los derechos, en vida o post mortem, de los afiliados ni de sus familias.
En cualquier sistema que administre recursos públicos o privados de esta magnitud, la primera obligación es la transparencia absoluta. No basta con decir que los fondos están invertidos ni que el sistema es técnicamente sólido. Si el ente regulador no puede decir cuánto dinero hay, a quién pertenece, y por qué no se entrega, entonces no estamos ante un sistema confiable, sino ante una estructura de poder opaca donde la información crítica es una concesión, no un derecho.
El hecho de que la propia SIPEN reconozca no tener visibilidad de los saldos de millones de cuentas inactivas, y que entregue datos contradictorios sobre los fallecidos, demuestra una falla estructural de supervisión. Y mientras esa falla no se corrija, el sistema seguirá operando sobre una paradoja: el dinero está, pero sus dueños no lo ven. Y los que lo administran, lo saben.
Otro lado de la historia: El espejismo de la devolución y el destino final de los afiliados de ingreso tardío
Miles de trabajadores dominicanos que ingresaron tarde al sistema de pensiones, es decir, después de los 44 años descubren al llegar a los 60 que no tienen derecho a pensión mensual, aun habiendo cotizado por años. La ley permite que estas personas reciban de vuelta el dinero que lograron acumular en su cuenta individual, lo que se conoce como devolución de fondos por ingreso tardío. Sin embargo, lo que reciben no es una pensión vitalicia, sino un solo pago dependiendo del salario y del tiempo cotizado. Aunque la suma puede ser significativa (dependerá de cada caso particular) en la práctica se agota rápidamente: no reemplaza un ingreso mensual ni garantiza estabilidad en la vejez.
Esta figura legal representa un mecanismo de salida, no una solución. El sistema no ofrece alternativas para quienes no alcanzaron las 360 cotizaciones requeridas por causas estructurales como la informalidad, el desempleo o la migración. En vez de proteger a los más vulnerables, los excluye silenciosamente, dejándolos fuera del sistema justo en el momento en que más lo necesitan. Es como si el mensaje fuera claro: “Gracias por aportar, pero no calificas para una pensión”. Lo que debió ser un derecho social se convierte en un simple retiro bancario.
Este vacío estructural no solo es social, sino también legalmente permitido. La Ley 87-01 contempla esta figura de forma explícita para los llamados “afiliados de ingreso tardío”: personas que comenzaron a cotizar a los 44 años o más, y que al cumplir 60 años y estar cesantes por al menos tres meses, pueden retirar el monto acumulado en su cuenta individual. Pero esta salida, lejos de ser una solución justa, los excluye definitivamente del derecho a pensión contributiva, condenándolos a un retiro sin ingresos fijos. En términos prácticos, el sistema reconoce que no alcanzaron los requisitos, pero tampoco genera mecanismos solidarios para protegerlos. Es un diseño que premia el cumplimiento burocrático y castiga cualquier interrupción en la vida laboral, sin importar las causas sociales que la hayan provocado.
El silencio de la SIPEN ante su propia debilidad institucional
Mientras los afiliados viven bajo la sombra de la incertidumbre, las AFP siguen operando con márgenes de rentabilidad que no enfrentan contraparte proporcional en obligaciones sociales. Pero más allá de las AFP, hay una pregunta que cobra fuerza ante cada dato incompleto y cada contradicción pública: ¿qué rol está jugando la Superintendencia de Pensiones en la defensa del interés colectivo?
No se trata solo de fallas técnicas. Se trata de una falla profunda de gobernanza. Si la SIPEN no puede explicar, publicar ni fiscalizar adecuadamente los fondos de los trabajadores, ¿quién lo hará? Y si los trabajadores no tienen acceso a información clara, veraz y verificable sobre su propio dinero, entonces el sistema no está cumpliendo su función social, sino protegiendo intereses privados con fondos públicos.
