Félix Portes dice apelarán por caso Jefte Ventura: «No admitió difamación»
Adalgisa Corcino | | 2 mins de lectura 
Panorama Nacional. El abogado defensor de Jefte Ventura por el caso de supuesta difamación a la compañía Patromóvil, Félix Portes informó este jueves que apelarán las medidas de coerción impuestas por la Segunda de la Instrucción del Distrito Judicial La Altagracia.
Además, de que Portes reveló que, lamentablemente, esa decisión judicial atenta contra la libertad de expresión y de prensa y el derecho que tiene el ciudadano en recibir informaciones correctas, como parte de un mecanismo para amedrentar la voz social de los comunicadores.
“Nuestro cliente, todo lo que ha hecho son denuncias que están certificadas por Industria y Comercio. ¿Qué significa esto? Si tú como periodista quieres hacer una denuncia de lo que pueda haber en un portal de transparencia de un ministerio, tú no lo podrás hacer porque quien se vería afectado podría interponerte una demanda”, aclaró el jurista en primer lugar.
Portes explicó que, en la decisión judicial hubo un error al emitir un impedimento a favor de Petromóvil estableciendo que Jefte Ventura no podrá acercarse a mil metros de las sucursales de esta referida empresa de hidrocarburos, “ella ahí cometió un exceso, decidió un tema que nadie le solicitó, ni el Ministerio Público ni la parte querellante”. Se trata de un choque constitucional.
De la supuesta admisión de difamación que hiciera Jefte Ventura frente al tribunal Portes desmintió y dijo que, “eso es, totalmente, falso. Ante la jueza estableció que las denuncias que él ha hecho han sido avaladas por el Ministerio de Industria y Comercio”-
“Esa decisión es funesta y que nosotros vamos a apelar, y lamentablemente, el caso está ahí, en Higüey; entiendo que si hubiese sido en el Distrito Nacional no le imponen ningún tipo de medidas porque es por tú ejercer tu derecho a la libertad de expresión”, sostuvo el abogado litigante.
Los documentos que Ventura utilizó para sus denuncias fueron adquiridos por medio de la Ley Núm. 200-04 de Libre Acceso a la Información para que Industria y Comercio entregara esos documentos pagados con erario por más de 600 millones de pesos. “Es una abominación jurídica”.
