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Exsenador denuncia alcalde y diputados Cotuí son empleados de Barrick lo que afecta mediación en conflicto con comunitarios

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Panorama Nacional. En declaraciones ofrecidas en el programa Libremente, transmitido por VTV Canal 32 y Panorama FM, el exsenador por la provincia La Romana, Iván Silva, realizó fuertes denuncias relacionadas con el conflicto minero en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

Según Silva, la empresa Pueblo Viejo Dominicana, vinculada a Barrick Gold, no solo enfrenta rechazo por parte de comunidades afectadas, sino que, además, ha logrado establecer relaciones de dependencia con políticos locales.

«En Cotuí, los tres diputados y el alcalde son empleados de Barrick Gold. Esto representa un evidente conflicto de intereses que afecta cualquier intento de mediación a favor de las comunidades», afirmó Silva durante su intervención.

El conflicto se ha intensificado tras la llegada de maquinaria pesada y un contingente militar para iniciar la construcción de una segunda presa de cola. Este proyecto ha sido rechazado por los residentes de las comunidades cercanas, quienes alegan que no se les ha ofrecido un pago justo por sus tierras y temen las consecuencias que esto podría generar.

Silva también criticó la falta de transparencia de los propietarios de Pueblo Viejo Dominicana. “Es una empresa que no sabemos si es dominicana o extranjera, porque nunca han clarificado quiénes son sus verdaderos dueños», explicó.

En la misma línea, el exsenador denunció que la presidenta de Pueblo Viejo Dominicana, Juana Barceló, habría ordenado reprimir a los comunitarios tras una reunión en la que participaron líderes locales y religiosos. «Barceló dio la orden y luego comenzaron los disparos y el lanzamiento de bombas lacrimógenas, incluso dentro de las casas», agregó Silva.

El exsenador también señaló que las consecuencias medioambientales serían devastadoras. «Tres ríos desaparecerán y más de 16 arroyos serán contaminados por 200 años debido a los desechos químicos de la minería», advirtió.

El destacado médico hizo un llamado al presidente Luis Abinader para intervenir y garantizar que se escuchen las demandas de las comunidades afectadas. Asimismo, reiteró que estas situaciones evidencian cómo el poder de empresas extranjeras puede subvertir el orden constitucional al tomar decisiones por encima de las autoridades locales y nacionales.

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