Panorama Nacional. El especialista en Saneamiento y Agua del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Josep María Tost explicó sobre una tarifa para educar a los dominicanos en materia de manejos de residuos sólidos como parte de civismo ciudadano.
“Como en todos los municipios, una tarifa que pague por familias y empresas. A esto llegaremos, porque uno de los mandatos de la ley es que con la Liga Municipal Dominicana tenemos que establecer la tarifa de manejo de residuos”, explicó María Tost.
Propuso que se implemente el modelo colombiano o por estratos sociales, “según el estatus socioeconómico, pagar. Una familia pagará 100 pesos al mes y otra, 1000. Esto lo tenemos que trabajar los siguientes dos años”
Dijo que el gran reto o problema son los incendios de los vertederos como Duquesa o en Moca y lo primero es el cierre para reducir los daños ambientales y humanos. La basura dejará de ser un problema y se convertirá en oportunidad. Además, de promover emprendimientos y dinamizar la economía local.
También, el consultor del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (Marena) aclaró que hay una clasificación de manejo de residuos sólidos dependiendo la naturaleza de la empresa. Ejemplo, un bufete de abogado, un colmado, un hotel, una industria o la casa de familia.
En la República Dominicana, la tarifa de basura no es solo un cobro administrativo, sino el motor financiero para pasar de un sistema de «recogida y vertido» a uno de gestión integral sostenible. Su importancia radica en los siguientes puntos clave:
Actualmente, existe un fuerte desequilibrio entre el costo del servicio y lo recaudado. Por ejemplo, en algunos sectores donde el costo real de recogida por hogar es de aproximadamente RD$430, la tarifa cobrada es de solo RD$325. Una tarifa adecuada permite:
Autofinanciamiento: Garantizar que los ayuntamientos tengan recursos para mantener camiones, combustible y personal sin depender exclusivamente de transferencias estatales.
Mejora de la infraestructura: Financiar plantas de transferencia y estaciones de pesaje, esenciales para el ordenamiento del sistema.
La Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos establece un nuevo marco donde la tarifa es vital para:
Pago por disposición final: Establece un pago de RD$600 por tonelada en sitios de destino final y RD$300 en puntos de transferencia.
Contribución Especial (CRS): Obliga a empresas a realizar un pago anual (entre RD$500 y RD$260,000) a través de la DGII para alimentar el fideicomiso público-privado que gestiona los desechos.
La importancia de regular las tarifas reside también en los mecanismos de recaudo para evitar la evasión:
Vinculación con otros servicios: La ley permite que el cobro del aseo se realice junto con la factura eléctrica o de agua para asegurar una recaudación masiva y efectiva.
Equidad por tipo de generador: Permite diferenciar costos entre usuarios domiciliarios (ej. RD$50-$200), comerciales (ej. RD$100-$2,000) e industriales (ej. RD$50,000) según el volumen generado.
Una tarifa funcional desincentiva la creación de vertederos a cielo abierto y promueve la valorización de residuos, protegiendo la salud pública y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.