Eliminar las exenciones de la ley 158-01 al sector turismo, sería cortarle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro y esperar que siga poniendo
Panorama Opinión. Una posible reforma fiscal que elimine las exenciones al sector turismo, pone en riesgo el liderazgo de República Dominicana en el Caribe como destino turístico y ralentizaría el desarrollo de la economía nacional, se debilitaría el impacto que tiene el turismo en todos los sectores que permean la dinámica productiva del país y los aportes al fisco de esos sectores que le venden al turismo, se van a reducir incidiendo negativamente en el PIB y por ende reduciendo las partidas presupuestarias gubernamentales. El efecto sería todo lo contrario a lo que esperan la DGI y Hacienda.
Si hoy contamos con sectores como la construcción, el transporte, las telecomunicaciones, la agricultura, la agro industria, incluida la ganadería, las granjas avícolas, el comercio, la educación y otros aspectos económicos, exhibiendo fortaleza y significativos aportes a la economía dominicana, se debe al impacto directo del sector turismo en cada uno de ellos y de eso, a nadie le cabe la menor duda. Cada año el turismo compra unos 800 millones de dólares a la agropecuaria nacional, para poner un solo ejemplo.
El Banco Central a la hora de medir el aporte del turismo al PIB del país, solo mide Hoteles, Bares y Restaurantes, pero hace tiempo que el turismo dejó de ser solo esos tres renglones. El Banco Central no mide el turismo complementario, el gasto de los turistas fuera de los hoteles, la incidencia y el impacto del turismo interno, que le salvó la campana a los hoteleros en pandemia, logrando que no cerraran por completo los hoteles, a pesar del crecimiento del sector y su impacto cada vez más fuerte en la economía nacional, las mediciones de la entidad financiera arrojaron un 8% como aporte del turismo al PIB para el 2024.
Es justo aclarar que ese porcentaje no hace justicia al aporte real del sector turismo a la economía dominicana y no hay mejor símil, que el que compara el turismo con una locomotora arrastrando los vagones del desarrollo de un país, para entender la importancia de esta actividad para países como el nuestro. El Mitur por su parte establece que el aporte al PIB en 2024 fue de un 15% y otras entidades lo sitúan cercano al 20% del PIB nacional. Si se aplicarán las mediciones ajustadas a los lineamientos de ONU Turismo, para medir el sector a través de la Cuenta Satélite de Turismo, nos aproximaríamos con más exactitud a la realidad del aporte de este sector a la economía nacional.
Los que proponen a la ligera que se elimine el incentivo fiscal a la industria turística, conocen poco la actividad y el tipo de turismo que se explota en el país, incluyendo a las autoridades del sector económico estatal que lo han estado sugiriendo en sus proyectos de reformas fiscales, sin percatarse de que si lo ejecutan, no solo se darían un tiro en el pie, como augura Frank Ranieri, sino que, todo se podría complicar en un marco económico basado en servicios y que compite en la región con otros destinos por precios más bajos y mejor calidad en los servicios; mientras que por otro lado, los inversores buscan mejores facilidades para invertir su dinero y obtener ganancias, lo que hace del turismo una actividad muy compleja.
Tenemos turismo desde hace aproximadamente 60 largos años, pero el tema no ha sido estudiado con la profundidad y el rigor científico que amerita, ni desde la órbita económica, la social o la académica que es bastante pobre, pero mucho menos, desde la política donde el desconocimiento es mayúsculo. El turismo se ve como algo simple, para muchos es como un colmado y así lo abordan, pero no, el turismo es una ciencia compleja, que involucra al ser humano y a todo lo que lo impacta para su bienestar, generando una fuerza centrífuga que todo lo atrae.
El problema presupuestario del estado, no radica en las exenciones que recibe el sector, como aseguran muchos, y para hacernos una idea más clara del asunto, el año pasado el estado gastó en exenciones fiscales para el turismo, aproximadamente RD$12, 570 millones de pesos como parte de la ley de incentivo turístico 158-01, pero la industria turística pagó más de RD$130 mil millones en impuesto al Estado dominicano y los ingresos en divisas que generó el sector turismo al estado totalizó en ese mismo año casi 11 mil millones de dólares, estos números nos confirman que el estado no hizo un mal negocio en términos de recaudación fiscal y que el problema con el presupuesto nacional ni por asomo está, en lo que le aporta en exenciones al sector turismo y es posible que el problema radique en aspectos administrativos y disciplina en el gasto del propio estado.
Las autoridades financieras deben revisar otras exenciones que no reportan poco o ningún beneficio, como las que se hacen para la importación de vehículos, a legisladores y algunas ONGs, los subsidios a combustibles de sindicatos y empresas, entre otras acciones que les permita disciplinar el gasto corriente, ajustar el cinturón del propio estado limitar el exorbitante gasto en publicidad estatal y sacar del presupuesto público, el asistencialismo proselitista, disfrazado de “cariñitos financieros” a la población, casos que drenan el presupuesto y en nada benefician al país, pues caen en saco roto, pues devuelven poco o nada de lo que reciben.
Con esto no quiero decir que todo marcha bien con el sector turismo y las exenciones que recibe. El estado podría recibir más dinero del que está recibiendo y más beneficios para los trabajadores y localidades donde se explota el turismo, si se toman las medidas correctivas de lugar, para asegurar que lleguen al bolsillo del trabajador el porcentaje de las propinas, que estipula el artículo 228 del Código de Trabajo de la República Dominicana y los bonos por ganancias de las empresas. De igual forma crear una estrategia fiscalizadora que le permita detectar huecos por los que se escapan millones de dólares al año, mediante reingeniería financiera que realizan muchas empresas para reportar pérdidas, evadir impuestos y ocultar ganancias en paraísos financieros.
Hay que democratizar el acceso a la ley 158-01 de incentivo al turismo, para que no solo beneficie a los grandes grupos económicos locales y a los extranjeros; los pequeños y medianos empresarios dominicanos no tienen acceso a la misma, realizan sus proyectos a puro pulmón y bolsillo, pagan todos los impuestos y el estado no les garantiza en muchos de los casos, ni un camino vecinal, para que el turista llegue hasta el emprendimiento que desarrollan, así la competencia no es sólo desigual contra los pequeños y medianos empresarios locales, es también abusiva.
Los índices de pobreza que se registran en los polos turísticos, se debe a que el estado no cumple con su parte dentro de la cadena de valor turística, ni como fiscalizador de la actividad, ni como creador de infraestructuras públicas eficientes que agreguen calidad a la oferta turística y que genere bienestar a la población local, que es el “objetivo del turismo”, según ONU Turismo. El gobierno no solo tiene que construir vías para acceder a los atractivos, sino también, viviendas para los trabajadores del sector, acueductos, hospitales, escuelas, generación de energía, ordenar el territorio y una serie de servicios públicos que contribuyan a generar beneficios para la población alrededor de los enclaves turísticos, parte de estos servicios en lugares como Punta Cana los suple el sector privado, como negocio y otros a través de acciones de Responsabilidad Social Corporativa.
Mientras el estado no asuma su rol dentro de la dinámica turística nacional con disciplina, seriedad y un alto sentido de nación, no podemos hablar de sostenibilidad en el campo del turismo dominicano, donde todavía hay tantas cosas por corregir en términos de medioambiente y otros temas.
Hasta el momento hemos logrado crecimiento económico, esperamos políticas públicas que fomenten un desarrollo inclusivo, justo desde una perspectiva social y económica, donde la palabra sostenibilidad deje de ser un adorno retórico. Aun con las debilidades del sector en términos de aportes reales al desarrollo sostenible del país, la ley 158-01 no se debe tocar, si queremos continuar liderando el crecimiento turístico en la región, porque de hacerlo, le estaríamos cortando la cabeza a la gallina de los huevos de oro.
